La variante Cereté-Lorica, proyecto vial clave para el departamento de Córdoba, se encuentra en una encrucijada. De los 37 kilómetros proyectados, 28 están terminados, pero los 9 restantes, ubicados principalmente en el sector Carrillo-San Pelayo, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para la Concesión Ruta al Mar y las autoridades.
Manuel Raigozo Rubio, gerente general de la concesión, explicó a LARAZÓN.CO, los múltiples factores que han llevado a esta situación. “Tenemos ya a disposición aproximadamente el 92% de los predios”, afirmó, “pero el 8% restante está en los juzgados o en manos de la Agencia Nacional de Tierras por ser baldíos”. Esta situación ha generado un “evento eximente de responsabilidad” que se prolonga por casi dos años.
El panorama se complica aún más con las demandas comunitarias. “Las comunidades han venido exigiéndole a la concesión la construcción de obras complementarias como retornos y pasos peatonales adicionales”, señaló Raigozo. Estas obras adicionales, valoradas entre 18 y 20 mil millones de pesos, están pendientes de aprobación presupuestal por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Ahora bien, la llamada minga pluriétnica, una coalición de grupos de interés locales, ha añadido nuevas solicitudes. Sus principales reclamos incluyen la inconformidad con la valoración de los predios y la exigencia de consultas previas para la construcción de la doble calzada.
A estos problemas se suman dificultades financieras derivadas de cambios en las tarifas de peaje y el retiro del peaje Caimanera en 2023, lo que ha generado un desequilibrio en el contrato de concesión. “Ya se cumplieron los 730 días que dice el contrato para la terminación de esas obras”, admitió Raigozo, reconociendo que técnicamente se han superado los plazos establecidos.
La inversión total del proyecto asciende a 2.4 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones corresponden a construcción y 500 mil millones a operación. Para recuperar esta inversión, el contrato contempla la operación de peajes hasta 2049, con la posibilidad de una prórroga del 20% del plazo inicial.
A pesar de estos obstáculos, Raigozo aseguró que existe “una voluntad férrea de la administración de la ANI y de la concesión” para terminar las obras. Sin embargo, advirtió que la resolución de los conflictos sociales y prediales será crucial para determinar cuándo se podrán completar los 9 kilómetros restantes.
La situación actual genera inconvenientes significativos para los usuarios de la vía, quienes deben transitar por tramos alternados de doble calzada y calzada sencilla. Además, el retraso en la culminación del proyecto impacta negativamente en la movilidad.
