La Sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional representa un hito en la protección del medio ambiente en Colombia, al ordenar la incorporación obligatoria de criterios de cambio climático en los estudios de impacto ambiental (EIA). Esta decisión, enmarcada en los desafíos globales de la crisis climática, no solo refuerza el compromiso del Estado con un desarrollo sostenible, sino que también redefine las responsabilidades y oportunidades para las empresas.
Sin embargo, la implementación efectiva de este mandato enfrenta obstáculos que, si no son abordados con visión y compromiso, podrían limitar su impacto positivo, y es que la transición hacia este nuevo estándar plantea desafíos técnicos, administrativos y financieros para las autoridades ambientales, para el sector privado y para las comunidades interesadas en los distintos proyectos de desarrollo.
La sentencia reconoce que el cambio climático no es solo una cuestión ambiental, sino un factor transversal que afecta derechos fundamentales como la vida, la salud y la calidad de vida, ignorar esta dimensión en los EIA limitaba al Estado en su capacidad de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y su responsabilidad de mitigar los riesgos climáticos.
Con este nuevo estándar, las empresas deberán evaluar no solo los impactos directos de sus proyectos, sino también cómo contribuyen al cambio climático y afectan la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades. Esto incluye un análisis exhaustivo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), riesgos para la biodiversidad y la interacción con fenómenos climáticos extremos.
Aunque la sentencia establece un camino, su implementación efectiva enfrenta varios desafíos, tales como capacidades técnicas limitadas; Muchas empresas y autoridades ambientales carecen de la experiencia técnica necesaria para realizar y evaluar estudios climáticos integrales lo que podría derivar en demoras en los procesos de licenciamiento y dificultades para cumplir con los nuevos estándares.
La mencionada providencia judicial exhorta al Congreso y al Ministerio de Ambiente a desarrollar regulaciones que definan las variables y herramientas para evaluar los impactos climáticos, mientras estas directrices no estén claras, tanto las empresas como las autoridades pueden enfrentar incertidumbre, en otras palabras, inseguridad jurídica, adicional a esto adaptar los EIA a los nuevos requerimientos climáticos implicará mayores inversiones en consultorías especializadas, tecnologías y análisis científicos, para las pequeñas y medianas empresas, esto puede representar una carga económica significativa.
A pesar de estos desafíos, la Sentencia C-280 se alinea con tendencias globales que refuerzan la relación entre derechos humanos y protección ambiental. La Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso López Ostra vs. España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las decisiones de la Corte Africana de Derechos Humanos destacan que los Estados deben adoptar medidas preventivas frente a los riesgos climáticos.
Estas experiencias internacionales ofrecen aprendizajes valiosos para superar los obstáculos identificados, por ejemplo, los mecanismos de cooperación público-privada y los incentivos para la adopción de tecnologías limpias han sido exitosos en otros contextos y podrían replicarse en Colombia.
El cumplimiento de estos nuevos estándares no debe verse solo como una carga regulatoria, el sector privado con un enfoque estratégico puede convertir este mandato en una ventaja competitiva.
La Sentencia C-280 de 2024 es un llamado al sector empresarial para que asuma un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Si bien su implementación implica retos significativos, también abre una ventana de oportunidad para que las empresas se posicionen como actores responsables y visionarios en un mundo que exige sostenibilidad.
El camino no será sencillo, pero con un enfoque optimista y proactivo, es posible superar las dificultades y construir un modelo económico que respete los límites del planeta y promueva el bienestar de las comunidades.
Las empresas que lideren este cambio no solo cumplirán con la ley, sino que también contribuirán a un legado de justicia climática y desarrollo sostenible, y sin duda alguna esto impactara su valor, no solo intangible sino tangible.
@Javierdelahoz20