La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes, severas privaciones de libertad y otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla. Esta decisión se basa en la verificación, contrastación y análisis de diversas pruebas recaudadas por la sala de macrocasos durante aproximadamente cinco años.
El magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu que el tribunal encontró, conforme a las pruebas, que el delito de esclavitud sí se dio y, por lo tanto, es un crimen concurrente. Según Suárez, desde el secretariado de las Farc se creó una política y unos patrones que fueron implementados por los diferentes bloques de la estructura criminal para llevar a cabo la toma de rehenes o secuestro.
El magistrado recalcó que, a pesar de tener información antes, durante y después de la conducta, la cúpula de la organización no tomó ninguna acción para evitar que estos crímenes se cometieran, lo que evidencia una falta de control por parte de quienes integraban el alto mando de las Farc.
Además de la privación de libertad, los secuestrados fueron sometidos a trabajos forzados en la selva, como el desmonte de estructuras y otras actividades que eran de interés para las Farc. Según el magistrado Suárez, muchos de estos trabajos eran utilizados para sancionar o castigar a quienes eran considerados enemigos por la guerrilla, y varios de los comparecientes ante la JEP reconocieron haber participado en estas actividades.