Defensoría del Pueblo advierte sobre dilaciones del Incoder y la DNE en el traspaso de ‘Las Catas’

Montería. Cientos de campesinos de Ayapel llevan esperando más de tres años para que el Incoder y la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, resuelvan la ‘maraña’ jurídica que enreda el traspaso de la Hacienda ‘Las Catas’, un predio de 4 mil hectáreas, despojado por los ‘Paras’ y que el Gobiernos Santos prometió entregar a sus legítimos dueños. La encrucijada de papeleo y burocracia, radica en que supuestamente las tierras aparecen a nombre de la antigua DNE y por ende no están en poder del Incoder, única dependencia que puede hacer entrega legal de los predios. Al respecto, el Defensor del
10 años atrás
Víctor Castilla, Defensor del Pueblo Regional Córdoba.

Montería. Cientos de campesinos de Ayapel llevan esperando más de tres años para que el Incoder y la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, resuelvan la ‘maraña’ jurídica que enreda el traspaso de la Hacienda ‘Las Catas’, un predio de 4 mil hectáreas, despojado por los ‘Paras’ y que el Gobiernos Santos prometió entregar a sus legítimos dueños.

La encrucijada de papeleo y burocracia, radica en que supuestamente las tierras aparecen a nombre de la antigua DNE y por ende no están en poder del Incoder, única dependencia que puede hacer entrega legal de los predios.

Al respecto, el Defensor del Pueblo Regional Córdoba, Víctor Castilla, aseguró que ninguna de las Instituciones involucradas en este trámite han dado cumplimiento a la resolución defensorial emitida en 2014, que les ordena dirimir el litigo a favor de los campesinos.

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[su_quote]“La Defensoría delegada para asuntos agrarios lleva este proceso y en los próximos días se dará a conocer un informe al respecto, pero hemos verificado con visitas de campo, que ninguna de las instituciones ha cumplido con la resolución emitida”, aseguró.[/su_quote]

‘Las Catas’ fue incautada por la Fiscalía y entregada a la DNE en el año 2000 para iniciar el proceso de extinción de dominio por haber sido adquirido ilegalmente por un narcotraficante.

Los campesinos a los que se restituirían las tierras, sienten que el Estado le has vendido falsas promesas, pues pasaron de tener un título provisional, que perdió vigencia luego del anuncio presidencial de entregarles los títulos de propiedad definitivos que aún están esperando.

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