La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, invitó a los gobernadores del país a verificar la idoneidad de los contratistas que administrarán el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el año entrante, con el fin de evitar los retrasos e irregularidades vividas durante 2022.
Por lo menos 245 denuncias ciudadanas en este sentido, de las cuales fueron abiertas 80 actuaciones preventivas y 28 disciplinarias.
Del mismo modo, se conoció que se interpusieron acciones de tutela contra las gobernaciones de Guaviare, Chocó y Sucre; las alcaldías de Cartagena, Neiva, Sincelejo y seis municipios de Boyacá por dichas irregularidades.
«Gran parte del desarrollo del país depende de que ellos sigan cursando sus estudios y se les garanticen unos mínimos nutricionales», aseguró.
Las zonas donde más se registran estas irregularidades son los departamento de Magdalena y los municipios de Cúcuta, Buenaventura y Malambo, cuyos procesos de contratación han sido declarados desiertos en varias ocasiones.