La Senadora Angélica Lozano lanzó una advertencia sobre las potenciales consecuencias negativas que podría acarrear la falta de acuerdos en torno al Presupuesto General de la Nación para 2025. Según Lozano, esta situación resultaría perjudicial tanto para el Gobierno como para el Congreso.
Lozano explicó que en el primer debate del presupuesto se realiza un desglose detallado de la asignación de recursos para cada ministerio y entidad. La suma total de estas asignaciones constituye el monto agregado del presupuesto. Sin embargo, la senadora señaló que la principal discrepancia radica en los 12 billones de pesos propuestos en la ley de financiamiento.
La legisladora advirtió que si no se llega a un acuerdo antes del 25 de septiembre, fecha límite para la aprobación en primer debate, se generaría un escenario “pierde-pierde”. En este caso, el presidente se vería obligado a decretar el presupuesto inicial de 523 billones de pesos, pero sin incluir los 12 billones adicionales, ya que estos implican nuevos impuestos cuya aprobación es competencia exclusiva del Congreso.
Lozano subrayó que esta situación perjudicaría al Gobierno, al no poder contar con los recursos adicionales que busca, y al Congreso, que perdería la oportunidad de incidir en el desglose presupuestario. Esto, según la senadora, podría afectar la llegada de bienes y servicios a las regiones.
“Hasta el 25 se va a desenlazar cuando totalicemos el desglose y la aprobación. ¿Qué pasa si no se aprueba?, ahí el presidente tendría que decretar el inicial de 523 billones de pesos menos 12, no puede decretar 12, ¿por qué razón?, porque los 12 son impuestos nuevos y esa competencia es exclusiva y única del Congreso. Entonces no llegar a un acuerdo el 25 de septiembre es un pierde y pierde”, explicó Lozano.
Es importante recordar que el Gobierno presentó inicialmente un presupuesto de 523 billones de pesos, que incluye una ley de financiamiento por 12 billones. Esta propuesta ha generado debate en el Congreso, donde algunos sectores se muestran reacios a discutir la ley de financiamiento como parte integral del presupuesto.
