La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha finalizado la inspección interna que buscaba esclarecer las acusaciones de interceptaciones ilegales a magistrados y periodistas, conocidas como ‘chuzadas’. El informe, ahora en manos del director de la entidad, Carlos Ramón González, concluye que no se encontraron evidencias de irregularidades.
El informe abarcó diversas áreas, comenzando con el análisis de lineamientos y políticas institucionales para la adquisición y uso de medios tecnológicos por parte de la DNI. Se verificaron todas las herramientas tecnológicas de la entidad, así como las capacidades humanas, técnicas y tecnológicas en sus locales en Funza y Bogotá. El documento afirma que “no se evidenció la existencia de equipos de interceptación a dispositivos de comunicaciones, tradicionales o encriptados”.
La Dirección también verificó en sus repositorios de información y confirmó que no existe información relacionada con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, se descartó la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia en un edificio ubicado en la 92 con 11 en Bogotá.
Durante la inspección, se revisaron misiones de trabajo de inteligencia y contrainteligencia realizadas en el segundo semestre de 2023, enfocándose en búsquedas en internet y descartando perfilamientos a altos dignatarios de la justicia. Se entrevistó a agentes de inteligencia y coordinadores operacionales, quienes aseguraron conocer la prohibición de interceptar comunicaciones en su actividad misional.
En respuesta a denuncias de magistrados de la Corte Constitucional, como Jorge Enrique Ibáñez, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre presuntas ‘chuzadas’, la Inspección General abrió verificaciones respectivas. El informe detalla que no se encontraron indicios de injerencia en la supuesta adquisición del malware de espionaje Pegasus, mencionada en una publicación del periódico israelí Haaretz en marzo de 2024.
La Inspección General ha dispuesto compulsar copias de toda la información obtenida a la Fiscalía General para determinar posibles irregularidades adicionales.
