La magistrada Cristina Lombana Velásquez, integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, renunció formalmente a rendir su testimonio mediante certificación jurada, modalidad equivalente a un cuestionario escrito y solicitó al Procurador, Delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, que la citen a declarar de manera presencial dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número IUC D-2026-4090119.
La solicitud de declaración presencial tiene implicaciones procesales relevantes. A diferencia de la certificación jurada, que permite responder un cuestionario previamente formulado sin interacción directa, la declaración presencial abre la posibilidad de preguntas espontáneas, contrainterrogatorios y un intercambio más dinámico con los funcionarios que instruyen el proceso. Lombana, al optar por esta vía, muestra disposición a enfrentar el proceso con mayor exposición directa ante los investigadores.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación no se pronunció públicamente sobre la solicitud ni confirmó cuándo agendaría la diligencia presencial. El proceso disciplinario IUC D-2026-4090119, cuyo contenido no es público en su totalidad, involucra a una magistrada en ejercicio de una de las salas más sensibles del alto tribunal, lo que le da una dimensión institucional de primer orden.
La Sala Especial de Instrucción es el órgano de la Corte Suprema competente para investigar y juzgar penalmente a congresistas y otras altas dignidades del Estado, lo que convierte cualquier proceso que la involucre en un asunto de interés público directo para el sistema judicial colombiano.
