La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) avaló los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre el estado de las Empresas Promotoras de Salud bajo control del Estado, y reclamó al Gobierno Nacional medidas urgentes para frenar el deterioro del sistema.
De nueve EPS intervenidas, dos recuperaron su operación por decisión judicial. Las siete restantes presentan un patrimonio negativo 264 veces superior al que registraban cuando el Estado asumió su administración, según precisó Ana María Vesga, presidenta de ACEMI.
Las entidades acumulan cerca de 16 billones de pesos en números rojos y enfrentan dificultades crecientes para cancelar sus obligaciones con hospitales, clínicas y proveedores farmacéuticos.
“Lo que dice la Contraloría, y que incluso reconoció el propio superintendente de Salud, es que el remedio resultó peor que la enfermedad”, advirtió Vesga.
Aproximadamente 19,8 millones de colombianos permanecen afiliados a EPS con fragilidad administrativa y financiera, lo que compromete la continuidad de su atención médica.
El incremento de tutelas y quejas ante las autoridades es, para la dirigente gremial, el reflejo más claro de ese deterioro. “La mitad del sistema está en una crisis profunda y el resto permanece en cuidados intensivos”, sostuvo.
Vesga cuestionó además que el Ejecutivo haya subestimado la función de estas entidades al tratarlas como intermediarias prescindibles. “Para el Gobierno, las EPS eran simples intermediarias que podían eliminarse fácilmente. No se entendió que su rol de gestión es la base sobre la cual se construye nuestro sistema de aseguramiento”, afirmó.
Frente a ese diagnóstico, ACEMI llamó a activar un plan de estabilización financiera y a generar espacios de diálogo técnico con pacientes, médicos y prestadores para construir respuestas conjuntas a la crisis.
