La Procuraduría ha presentado tres acciones de tutela contra el Consejo de Estado en respuesta a las sentencias que revocaron las sanciones disciplinarias impuestas a exfuncionarios públicos elegidos por voto popular.
Los afectados por estas decisiones incluyen al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, al exsenador Eduardo Merlano y al exalcalde de San José del Fragua (Caquetá) Duber Trujillo Medina.
En el caso del exgobernador del Valle, el Consejo de Estado anuló la destitución e inhabilitación de 10 años que la Procuraduría le había impuesto en 2015 por supuestas irregularidades en contratación.
La justificación del Consejo de Estado fue que el Ministerio Público no tenía la autoridad para tomar esta decisión, ya que solo un tribunal penal podía afectar a los funcionarios elegidos por voto popular.
Esta misma línea de razonamiento se aplicó en el caso del exsenador Eduardo Merlano, donde el Consejo de Estado consideró que las sanciones disciplinarias de una autoridad administrativa iban en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que solo un juez penal puede afectar los derechos políticos de los elegidos por voto popular.
No obstante, la Procuraduría argumenta que estas anulaciones vulneran derechos fundamentales y contradicen la Constitución y el fallo de la Corte Constitucional sobre la competencia de la entidad de control para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos elegidos por votación popular.
La Corte Constitucional previamente había determinado que la Procuraduría sí podía sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, pero que estas sanciones debían ser revisadas por el Consejo de Estado antes de ser ejecutadas.