La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Emilia Álvarez Guerrero con destitución e inhabilidad general por 15 años para ejercer cargos públicos, tras encontrarla responsable disciplinariamente por irregularidades en un contrato de infraestructura vial en San Andrés.
La decisión se relaciona con el proyecto de mejoramiento y rehabilitación de vías rurales, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, cuyo valor supera los $30.000 millones. Según el fallo, Álvarez Guerrero ejercía como directora ejecutiva y representante legal de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) durante los hechos investigados.
El proceso disciplinario se originó a partir de un informe oficial que alertó sobre presuntas inconsistencias en la ejecución y manejo de los recursos del contrato. Tras el análisis de pruebas, la Procuraduría concluyó que la funcionaria incurrió en faltas que ameritan la máxima sanción disciplinaria.
El documento también detalla que la sanción incluye la desvinculación inmediata del cargo y la prohibición de ocupar funciones públicas durante el tiempo establecido. Además, la entidad informó que contra esta decisión procede recurso de apelación ante la instancia correspondiente.
El expediente también vincula a otros funcionarios y actores que habrían participado en la estructuración y ejecución del proyecto, lo que amplía el alcance de las indagaciones.
Con esta actuación, la Procuraduría refuerza su control sobre el manejo de recursos públicos, especialmente en proyectos financiados con regalías, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades y eventuales irregularidades en la contratación pública.
