La primera jugada económica del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene contorno, aunque todavía no tenga letra menuda. Se trata de una reforma tributaria estructural que promete simplificar el sistema, apretar el cerco contra la evasión y eliminar el impuesto al patrimonio.
El giro frente a la política fiscal de los últimos años es evidente. El tamaño real del cambio solo se sabrá cuando el articulado llegue al Congreso.
En su discurso de posesión, el mandatario sostuvo que ese tributo desaparecerá porque el país, dijo, no puede seguir castigando a quienes invierten y producen riqueza. Habló de un ambiente favorable para la producción, el empleo y la inversión. No mencionó, sin embargo, con qué medidas piensa tapar el hueco que deja esa decisión.
Los beneficiarios inmediatos están identificados: los contribuyentes que hoy pagan el impuesto creado y ajustado por la Ley 2277 de 2022, diseñado para gravar patrimonios altos. Si el proyecto pasa el trámite legislativo, esa carga desaparece de su declaración.
En 2024, el impuesto al patrimonio representó para Colombia un recaudo de alrededor de $1,47 billones, de acuerdo con las estadísticas de la DIAN.
La cifra permite dimensionar el peso fiscal del tributo que equivale a unos $122.500 millones mensuales en promedio y corresponde a una fracción pequeña del recaudo tributario total de la Nación, que en ese año alcanzó $267,2 billones.
El mensaje también apunta a empresarios e inversionistas, bajo la premisa de que menos impuestos y reglas más simples atraen capital y generan puestos de trabajo. Queda por verse qué ocurre con el impuesto de renta, los beneficios sectoriales y el resto del estatuto tributario, temas que hoy son terreno de especulación.
La otra cara está en las cuentas del Estado porque eliminar un tributo significa dejar de recibir dinero, y la pregunta que domina el debate es cómo se reemplazará ese ingreso.
El presidente ha mencionado dos rutas para ese propósito, una ofensiva, más dura contra la evasión y una política de austeridad con congelamiento del gasto público. Aún no hay estimaciones oficiales sobre el impacto fiscal.
La discusión, en todo caso, apenas arranca. La reforma deberá recorrer el Congreso de la República, donde el texto original casi nunca sale intacto. Solo entonces se sabrá quién paga más, quién paga menos y qué queda de las finanzas nacionales.
