La Fiscalía General de la Nación capturó a cinco personas señaladas de integrar una red que extraía municiones y otros elementos de uso privativo de la fuerza pública para venderlos a grupos armados ilegales.
Las capturas se realizaron en Armenia, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Bogotá. Entre los detenidos hay tres suboficiales; uno activo, dos en retiro y dos civiles. El operativo lo adelantaron el CTI, la Policía Nacional y el Ejército, bajo la coordinación de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial.
En la cárcel La Picota quedó vinculado al proceso Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias Sargento García, quien paga una condena por tráfico de armas. Según la investigación, él coordinaba la actividad ilícita desde el penal.
Las evidencias indican que la estructura contactaba a los almacenistas de armamento de distintas guarniciones. A cambio de dinero y otros beneficios, esos funcionarios habrían alterado registros, generado legalizaciones fraudulentas y facilitado la salida del material.
La Fiscalía documentó dos casos. En el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, contactaron cuatro veces a un uniformado y le ofrecieron entre 4.000 y 6.000 pesos por cada cartucho. Entre 2025 y 2026 le pidieron más de 4.000 unidades. En Santa Marta, un sargento viceprimero habría avalado el 11 de septiembre de 2025 la salida de 22.126 cartuchos calibre 5.56 milímetros, avaluados en más de 61 millones de pesos.
Un juez de control de garantías de Bogotá escuchará las imputaciones por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y municiones de uso privativo, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.
