Leyendo las recientes declaraciones de la senadora cordobesa Ana Paola García sobre la situación de Cerro Matoso, resulta inevitable concluir que Córdoba enfrenta mucho más que un conflicto laboral.
Lo que está en juego es la estabilidad económica de toda una región que durante décadas ha encontrado en la minería uno de sus principales motores de desarrollo.
Si las advertencias sobre los despidos masivos son ciertas, el Gobierno Nacional no puede limitarse a observar desde la distancia; debe actuar como garante del diálogo, la protección del empleo y la búsqueda de soluciones que eviten una crisis social de mayores proporciones.
Córdoba atraviesa uno de esos momentos en los que las decisiones no pueden seguir aplazándose. La crisis que enfrenta Cerro Matoso, derivada de las restricciones en el suministro de gas natural, ha dejado de ser un problema empresarial para convertirse en un asunto de interés regional y nacional.
La reducción de operaciones y el impacto sobre cientos de trabajadores son una señal de alerta que exige responsabilidad, diálogo y liderazgo institucional.
Con demasiada frecuencia, en Colombia los debates económicos terminan reducidos a posiciones ideológicas. Se olvida que detrás de cada empleo hay una familia, detrás de cada empresa hay una cadena de proveedores y detrás de cada industria existe un territorio que depende de su dinamismo.
Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada, Buenavista y buena parte del Alto San Jorge han construido durante décadas una relación económica con la actividad minera. Comerciantes, transportadores, pequeños empresarios, hoteles, restaurantes y cientos de contratistas viven, directa o indirectamente, de esa cadena productiva.
Cuando una empresa disminuye su producción, el golpe no lo recibe únicamente su balance financiero. Lo sienten las tiendas del barrio, los taxistas, los colegios, los arrendadores y toda una economía regional.
Por eso resulta equivocado convertir esta coyuntura en una confrontación política. Lo que Córdoba necesita es una mesa técnica donde participen el Gobierno Nacional, la empresa, los sindicatos, los gremios y las autoridades departamentales para encontrar soluciones que permitan proteger tanto el empleo como la competitividad.
Defender el empleo no significa renunciar a la protección ambiental ni a los derechos laborales. Ambos objetivos pueden y deben convivir. Los países que han logrado desarrollarse han entendido que la riqueza primero debe producirse para luego distribuirse.
También es momento de que Córdoba reflexione sobre su futuro económico. Durante años hemos dependido excesivamente de pocas actividades productivas.
La agroindustria, el turismo, la logística, la transformación de alimentos y las energías renovables deben convertirse en nuevos pilares del desarrollo regional. Diversificar la economía ya no es un discurso; es una necesidad.
Sin embargo, mientras esa transformación llega, sería un grave error permitir que uno de los principales motores económicos del departamento se debilite sin una respuesta decidida del Estado. La incertidumbre afecta la inversión, reduce la confianza y termina alejando nuevas oportunidades de empleo.
Hoy más que nunca Córdoba necesita menos discursos y más soluciones. Necesita instituciones que medien, empresas que dialoguen, trabajadores escuchados y dirigentes capaces de construir consensos.
Porque cuando se pierde un empleo no pierde únicamente una familia. Pierde todo un territorio. Y Córdoba, sencillamente, no puede permitirse ese lujo.
