La Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un documento en el que expresa sus reparos frente al proyecto de decreto que busca establecer una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel.
Esta acción se produce después del anuncio del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de este mineral hasta que cesen los ataques contra la población civil en Gaza.
Uno de los principales aspectos señalados por la Procuraduría, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, es la reducción de regalías que implicaría esta medida. Según se indica, las exportaciones de carbón térmico a Israel representan anualmente 650 mil millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones, de los cuales 100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar.
El ente de control destaca la falta de un análisis técnico en el proyecto de decreto sobre cómo se asumirá el costo de lo que dejará de percibir el Estado colombiano por regalías mientras dure el conflicto en la franja de Gaza.
Además, la Procuraduría cuestiona la idoneidad de la medida, argumentando que, si bien el Estado tiene facultad para intervenir en la economía, esta decisión debe estar supeditada a la garantía de un bien común supremo.
El proyecto, según el organismo de control, no evidencia ser una medida adecuada para el cumplimiento de dicho fin, ya que no se demuestra técnicamente que la no exportación de carbón a Israel por parte de Colombia conlleve al cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La Procuraduría también advierte sobre el riesgo de daño antijurídico debido a la insuficiente justificación del proyecto de decreto, lo que podría derivar en una causal de nulidad por falsa motivación.
Asimismo, se plantea la necesidad de evaluar los riesgos de un eventual incumplimiento del tratado de libre comercio con Israel, aprobado por el Congreso en 2017 y vigente desde 2020, en caso de que la medida de prohibición de exportación no esté debidamente justificada.
Por último, el ente de control señala que el proyecto invoca el artículo 259 del actual Plan Nacional de Desarrollo, que permite al gobierno adoptar medidas comerciales restrictivas o de fomento por razones de seguridad nacional, soberanía alimentaria y protección de la industria y el mercado.
Sin embargo, considera que la prohibición de exportación no garantiza ninguna de las razones expuestas y, por el contrario, genera afectación a la libre industria y comercio, poniendo en riesgo los derechos fundamentales a la iniciativa privada y a la libertad de empresa.
