El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue sancionado por la Procuraduría con una prohibición de seis meses para ocupar cargos públicos, tras ser hallado culpable de participación en política durante la campaña presidencial de 2022. La decisión se basa en varios comentarios y actos que mostraban afinidad con el Pacto Histórico, la coalición del entonces candidato y ahora presidente Gustavo Petro.
En marzo y mayo de 2022, Quintero hizo declaraciones públicas, incluyendo la frase “el cambio en primera” mientras movía la palanca de un carro, aludiendo al eslogan de la campaña de Petro. Estos actos le valieron una suspensión provisional de su cargo por tres meses en 2022.
Durante la audiencia en Bogotá, el procurador Luis Fernando Casas Farfán destacó que Quintero utilizó su posición de alcalde para realizar propaganda política, lo que contraviene el deber de neutralidad que debe mantener un funcionario público. Esta conducta fue considerada una falta disciplinaria grave.
El abogado de Quintero, Héctor Carvajal, argumentó que su cliente no incurrió en comportamientos fuera de la ley y que hubo irregularidades en el proceso, como la competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Además, afirmó que los trinos de Quintero no salieron de la cuenta oficial de la Alcaldía de Medellín, lo que según él no debería atribuírsele como daño ligado a su función pública.
La defensa de Quintero ha anunciado que presentará un recurso de apelación en los próximos cinco días. El caso sigue generando debate sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios electos y la interpretación de los actos de participación política.
La sanción impuesta equivale a un total de 104 millones de pesos que Quintero deberá pagar, dado que no está actualmente al frente de la Alcaldía. El veredicto final subraya la importancia de la neutralidad política para los funcionarios públicos y las consecuencias de no respetar esta norma.
