El juez 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, tras configurarse el vencimiento de términos en el proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación señala a Ortiz como la presunta “mensajera” encargada de entregar 3.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, recursos destinados, según el ente acusador, a viabilizar las reformas del Ejecutivo en el Legislativo. Por estos hechos, la exfuncionaria afronta cargos de lavado de activos y tráfico de influencias.
El juicio oral en su contra arrancó el pasado 10 de abril, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara en segunda instancia la solicitud de preclusión presentada por su defensa. Antes, el 4 de marzo, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había avalado la continuidad del proceso.
La determinación judicial llega días después de que Ortiz denunciara públicamente, durante una audiencia realizada el 6 de mayo, presuntas presiones de la Fiscalía para que declarara contra ministros del Gobierno Nacional. En esa diligencia afirmó: “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”.
Hasta esta decisión, Ortiz permanecía recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, había acudido a tutelas, habeas corpus y recusaciones para frenar el avance del proceso penal.
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