De La Hoz Attorneys representará a más de 1.500 afectados por inundaciones del río Sinú y operación de Urrá

Firma jurídica emprenderá acciones judiciales en Colombia y ante instancias internacionales por afectaciones en el Alto Sinú.
1 hora atrás
Foto: Suministrada

La firma De La Hoz Attorneys anunció que asumió la representación legal de más de 1.500 personas y empresarios del sector agroindustrial que aseguran haber resultado afectados por las inundaciones registradas en febrero de este año en la cuenca del río Sinú.

Las acciones estarán dirigidas a reclamar la reparación de los daños que atribuyen a la operación de la represa de Urrá y a la actuación de las entidades que serán vinculadas en los procesos judiciales.

La representación incluye familias del Alto Sinú, comunidades ubicadas aguas arriba del embalse, campesinos, pescadores artesanales, pobladores ribereños organizados en asociaciones, además de propietarios y operadores de predios agropecuarios y agroindustriales que reportan afectaciones en sus actividades productivas, bienes y medios de sustento.

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Según informó la firma, las demandas se fundamentarán en presuntas responsabilidades por acción y por omisión de las entidades que, de acuerdo con su planteamiento, tenían obligaciones relacionadas con la prevención de las afectaciones ocasionadas por las crecientes del río Sinú.

El socio fundador de De La Hoz Attorneys, Javier De La Hoz, afirmó: “El daño que soportan estos desplazados climáticos y empresarios no es nuevo ni imprevisible.

Es el resultado acumulado de años de decisiones, omisiones y controles insuficientes por parte de quienes tenían la obligación legal de evitarlo. Esa responsabilidad, documentada en múltiples oportunidades por las propias autoridades competentes, es el fundamento de las acciones que nuestra firma interpondrá”.

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La firma indicó que llevará el caso ante la jurisdicción colombiana y también acudirá a organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a mecanismos del sistema de Naciones Unidas.

El propósito, explicó, consiste en obtener la reparación integral de los perjuicios reclamados y promover medidas de restauración ambiental relacionadas con los hechos denunciados.