La suspensión de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo en Tierralta, confirmada por el Gobierno Nacional por razones logísticas, abrió un nuevo espacio para revisar las condiciones que organizaciones sociales y de derechos humanos consideran necesarias antes de retomar la iniciativa.
En un comunicado conjunto, la Fundación Córdoberxia y otras organizaciones del departamento señalaron que cualquier avance en la implementación de la ZUT debe estar acompañado por garantías de transparencia, participación de las comunidades y mecanismos de control sobre los compromisos que se acuerden durante el proceso.
Los colectivos solicitaron al Gobierno Nacional suspender la ejecución de la medida hasta que concluyan las verificaciones sobre las denuncias conocidas públicamente alrededor de las conversaciones con el Clan del Golfo. También pidieron que los compromisos derivados de esas negociaciones sean divulgados para conocimiento de la ciudadanía.
Entre las condiciones planteadas figura la apertura de espacios de diálogo con organizaciones sociales, comunidades y autoridades del territorio antes de adoptar decisiones sobre la zona de ubicación. El documento sostiene que quienes habitan las áreas de influencia deben participar en la construcción del proceso.
Las organizaciones también reclamaron mecanismos de verificación independientes y con participación comunitaria para supervisar el funcionamiento de la ZUT, además de garantías que impidan la continuidad de economías ilegales o afectaciones a la población civil durante su desarrollo.
El comunicado solicita a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) presentar información detallada sobre los acuerdos alcanzados y mantener canales de interlocución permanentes con las organizaciones del departamento.
Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para acompañar el proceso mediante labores de observación y veeduría. Según el documento, cualquier eventual implementación de la ZUT debe garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer la presencia institucional y construirse con participación de las comunidades que conviven con las consecuencias del conflicto armado.
