El procurador general, Gregorio Eljach, presentó una nueva estrategia institucional para prevenir la participación indebida en política por parte de servidores públicos y marcó los límites que, según dijo, no pueden cruzarse durante el proceso electoral en Colombia.
La iniciativa, denominada “No a la indebida participación en política”, busca orientar a funcionarios de todos los niveles sobre las conductas permitidas y prohibidas en escenarios electorales.
Durante la presentación, Eljach explicó que la campaña tiene sustento constitucional, legal y jurisprudencial, y apunta a reducir el uso de cargos, contratación estatal y recursos públicos con fines de influencia política. El funcionario planteó que la finalidad es proteger la libertad del elector y evitar interferencias desde la administración pública.
El jefe del Ministerio Público señaló que la Procuraduría trazó una “línea roja” para advertir a alcaldes, gobernadores y demás funcionarios sobre los límites de su actuación frente a campañas y candidatos. Según expuso, el ejercicio de funciones públicas no puede convertirse en una herramienta para modificar decisiones del electorado.
En materia de seguridad electoral, Eljach informó que el organismo revisó, junto con las Fuerzas Militares y la Policía, 47 puntos del país catalogados como críticos por posibles riesgos de violencia en elecciones.
Indicó que ese monitoreo se desarrolló dentro del Plan Democracia y que los resultados de las votaciones de marzo respaldaron esa evaluación.
Frente a denuncias o eventuales delitos, el procurador recordó que la Fiscalía General de la Nación asume investigaciones penales como peculado o prevaricato, mientras la Procuraduría mantiene el control disciplinario. “Queremos prevenir”, afirmó, al insistir en que la prioridad es evitar infracciones antes de sancionarlas.
