El Gobierno Nacional consolidó el diálogo social como eje de atención a las protestas y conflictos territoriales, una política que, según el Ministerio del Interior, permitió resolver centenares de tensiones comunitarias en distintas zonas del país y reducir bloqueos en corredores estratégicos como la vía Panamericana.
La cartera política, dirigida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, desplegó conversaciones con comunidades desde San Andrés hasta la región amazónica para tramitar reclamos ciudadanos y construir acuerdos que eviten episodios de confrontación.
El enfoque surgió como respuesta a antecedentes recientes de violencia durante manifestaciones. En el Paro Nacional de 2021, la falta de respuesta institucional a exigencias sociales derivó en hechos que terminaron bajo revisión judicial y en decisiones contra integrantes de la Policía Nacional.
Uno de esos procesos avanzó el pasado 6 de abril, cuando el Juzgado 64 Penal impuso una condena de 84 meses de prisión a un patrullero señalado de causar la pérdida total del ojo derecho de Leidy Cadena, durante hechos ocurridos el 28 de abril de 2021.
La justicia concluyó que el uniformado accionó su arma por fuera de los protocolos sobre uso de la fuerza y desconoció estándares internacionales de derechos humanos, en especial criterios de legalidad y proporcionalidad.
El informe “Tiros a la vista”, elaborado por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, Temblores y Amnistía Internacional, documentó ocho casos de trauma ocular severo en medio de esas jornadas de protesta.
En Cauca, el Ministerio del Interior instaló una oficina enfocada en mediación comunitaria para anticipar movilizaciones y gestionar acuerdos antes de cierres viales. La entidad reportó que, hasta 2025, los bloqueos en la vía Panamericana bajaron 300%.
El presidente Gustavo Petro resumió esa política con una frase: “en este gobierno los resultados no se miden en muertos, se miden en vida”.
