El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de una acción de cumplimiento interpuesta por la Defensoría del Pueblo y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país, crear un sistema nacional de información, registro y monitoreo para combatir el tráfico ilegal de especies silvestres.
La decisión judicial expone que el Estado lleva más de cuatro años sin cumplir la Ley 2153 de 2021, que fijaba un plazo de 18 meses para tener ese sistema operativo. El Tribunal concedió seis meses adicionales, contados desde la notificación del fallo, para que las entidades avancen en su implementación con enfoque diferencial y cobertura territorial que incluya municipios, corregimientos y zonas de frontera.
La Defensoría sustentó su acción con un estudio nacional que abarcó el período 2021-2024, construido con datos de 29 CAR. Los resultados arrojaron que al menos 164.929 individuos de fauna silvestre fueron víctimas de este delito. Los reptiles encabezaron la lista de afectados, seguidos por aves y mamíferos. Entre las especies más golpeadas figuran la iguana, la hicotea, el morrocoy, la babilla y la zarigüeya.
El análisis también detectó vacíos críticos: el destino final de más de 41.000 especímenes nunca fue reportado, lo que impide el seguimiento institucional. Además, alrededor de 80 especies colombianas se encuentran en distintas categorías de amenaza.
La Defensoría advirtió que el comercio ilegal de fauna no es solo un problema ambiental. Su vínculo con estructuras de criminalidad organizada lo convierte en un asunto que compromete la seguridad nacional, especialmente en zonas del Caribe colombiano identificadas como puntos críticos del tráfico.
La entidad anunció que continuará vigilando el cumplimiento efectivo de la sentencia.
