La decisión de frenar la exploración y explotación de gas en zonas clave de la región Caribe, particularmente en municipios como Caimito, La Unión, San Marcos, Pueblo Nuevo, Chinú, San Pedro, Ciénaga de Oro y Sahagún, plantea un debate que Colombia no puede evadir: ¿cómo equilibrar la transición energética con las realidades económicas y sociales de los territorios?
A primera vista, la medida puede presentarse como un paso hacia un modelo energético más limpio. Sin embargo, cuando se aterriza en el contexto local, surgen preguntas incómodas. Estas poblaciones no son centros industriales diversificados ni polos tecnológicos; dependen en gran medida de actividades primarias y de oportunidades limitadas. En ese escenario, el desarrollo de proyectos de gas no solo representa ingresos fiscales, sino también empleo, inversión en infraestructura y dinamización económica.
Y los efectos no han sido teóricos. Una vez se concretaron las suspensiones, comenzaron a sentirse impactos inmediatos en el empleo: despidos en las propias empresas del sector, en compañías transportadoras, en hoteles que alojaban personal técnico, en estaciones de servicio y en restaurantes que dependían de esa dinámica económica. Es decir, no se afectó solo a la industria extractiva, sino a toda una cadena de valor que sostenía economías locales frágiles.
Suspender estas actividades sin una alternativa concreta equivale, en la práctica, a cerrar una puerta sin haber abierto otra. La transición energética no puede ser un eslogan abstracto; debe ser un proceso planificado, gradual y, sobre todo, territorialmente justo. De lo contrario, se convierte en una política que, aunque bien intencionada, termina profundizando desigualdades.
Además, el gas natural ha sido históricamente considerado un combustible de transición: menos contaminante que el carbón y el petróleo, y clave para garantizar estabilidad energética mientras se desarrollan fuentes renovables. Renunciar a su exploración en regiones con potencial comprobado podría aumentar la dependencia de importaciones futuras, encareciendo el costo de vida para millones de colombianos.
Pero el problema no es únicamente económico o energético. También es institucional. Decisiones de este calibre requieren diálogo con las comunidades, con las autoridades locales y con los sectores productivos. Imponer restricciones desde el nivel central sin construir consensos territoriales erosiona la confianza y alimenta la percepción de abandono estatal.
Esto no significa ignorar los riesgos ambientales. Al contrario: la explotación de recursos debe hacerse con estándares rigurosos, supervisión efectiva y responsabilidad empresarial. El dilema no es “explotar sin control” o “prohibir totalmente”, sino encontrar un punto de equilibrio donde el desarrollo económico sea compatible con la sostenibilidad.
En últimas, la discusión sobre el gas en Córdoba y Sucre refleja un problema más amplio del país: la dificultad para diseñar políticas públicas que reconozcan la diversidad regional. Lo que puede parecer viable en Bogotá no necesariamente lo es en Sahagún o San Marcos.
Colombia necesita avanzar hacia energías limpias, sí, pero sin sacrificar de manera abrupta las oportunidades de regiones que aún luchan por salir del rezago. La transición energética debe ser un puente, no un salto al vacío.
