La Fiscalía General formalizó cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su participación en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La audiencia se realizó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
González deberá enfrentar juicio por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Actualmente prófugo en Nicaragua, el exfuncionario se conectó virtualmente a la diligencia del 29 de enero de 2026, donde la Fiscalía lo señaló como presunto artífice del desfalco a la entidad encargada de atender emergencias.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, presentó pruebas que vinculan a González con pagos ilegales a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos del gobierno Petro en el Congreso. Según la acusación, el exdirector del Dapre habría ordenado transferir dinero proveniente de la Ungrd a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
El expediente revela que González inicialmente habría autorizado ofrecer más de 60.000 millones de pesos a estos funcionarios legislativos. Sin embargo, por la urgencia de aprobar las reformas gubernamentales y la presión de los congresistas Iván Name y Andrés Calle —ambos hoy detenidos—, se modificó el plan para entregar montos menores en plazos más cortos.
La investigación estableció que los recursos desviados salieron de una orden de compra de 40 carrotanques destinados a abastecer comunidades de La Guajira. Los sobrecostos de esta adquisición habrían permitido pagar 3.000 millones de pesos al senador Name y 1.000 millones al representante Calle.
La Fiscalía señala que Sandra Ortiz, quien fungía como consejera presidencial para las regiones en septiembre de 2023, habría servido de intermediaria en la entrega del dinero. La exfuncionaria, actualmente recluida en una estación policial de Bogotá, es acusada de transportar maletas con efectivo extraído irregularmente de la Ungrd hacia los legisladores investigados.
“Se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”, afirma el documento de acusación.
Pese a que González permanece fuera del territorio colombiano, el proceso judicial continuará su curso en los tribunales nacionales.
