El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció ayer que la Fiscalía General le negó la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra su vinculación como imputado en el proceso que lo señala en las masacres de El Aro y La Granja.
En publicación por la red social X, el jefe del Centro Democrático rechazó la decisión como una afectación grave a sus derechos procesales.
“En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas. Esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”, escribió el exmandatario.
La negación del recurso de reposición impide que Uribe pueda cuestionar la apertura de instrucción antes de rendir indagatoria el próximo 24 de julio.
Con esta determinación, la Fiscalía General prosigue en la investigación por delitos de lesa humanidad sin haber practicado la totalidad de pruebas que ella misma dispuso en fases previas, según argumenta su defensa legal.
La Procuraduría General de la Nación solicitó el aplazamiento de la diligencia precisamente por esta falencia probatoria, pero la entidad acusadora mantuvo la fecha calendada.
Uribe ha reclamado repetidamente que la Fiscalía actúa bajo motivaciones políticas, aludiendo al momento electoral en que se anunció la indagatoria, tres días antes de la segunda vuelta presidencial de junio, como evidencia de parcialización.
Su defensa ha compilado un corpus probatorio destinado a demostrar inconsistencias en los testimonios de los principales testigos en su contra, particularmente los del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El exmandatario señala que Mancuso modificó sus aseveraciones: primero negó participación de Uribe en los hechos; posteriormente, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sostuvo que las masacres fueron ordenadas “directamente desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno”.
El caso aglutina cuatro líneas de investigación: la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, ambas masacres en Ituango, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.
