La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, quien dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El organismo investigador atribuye al exfuncionario tres delitos: cohecho, peculado y lavado de activos, dentro de un caso que permanece refugiado en Nicaragua tras obtener asilo político del gobierno de Daniel Ortega.
La trama de corrupción en la UNGRD —entidad responsable de atender emergencias por desastres naturales— salió a la luz pública en febrero de 2024 mediante revelaciones periodísticas. Desde entonces, las investigaciones han alcanzado a diversos funcionarios de alto nivel del Gobierno Nacional.
González, considerado pieza clave del esquema corrupto, enfrenta una circular roja de Interpol emitida en septiembre, aunque esta medida no podrá materializarse debido a la protección que le brinda su estatus migratorio en territorio nicaragüense.
Las investigaciones revelan que el exdirector del Dapre habría coordinado operaciones ilícitas entre septiembre y octubre de 2023, orquestando la entrega de sobornos a congresistas a cambio de respaldo legislativo para las reformas gubernamentales.
El expediente también involucra al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado por la Fiscalía como actor determinante en la adjudicación irregular de tres contratos que suman 92.000 millones de pesos —equivalentes a 23 millones de dólares—. Estos recursos habrían beneficiado a seis legisladores para garantizar la aprobación de la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura de González el pasado 3 de julio, luego de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía que lo vinculan directamente con el entramado criminal.
