Hablar del sistema de acueducto regional ERA es hablar de una de las mayores demostraciones de ineficiencia, improvisación y desprecio hacia los ciudadanos de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún. Durante más de 22 años, primero bajo la operación de Uniaguas y ahora con Aqualia, las comunidades han tenido que soportar un servicio deficiente, intermitente, costoso y humillante, mientras los operadores continúan actuando como si le estuvieran haciendo un favor a la gente y no cumpliendo una obligación contractual y moral.
La historia del ERA es la historia de promesas incumplidas, de millonarias inversiones que nunca se reflejan en la calidad del servicio y de excusas repetidas cada vez que colapsa el sistema. Cambian los gerentes, cambian los logos de las empresas, cambian los voceros y los comunicados de prensa, pero el resultado siempre es el mismo: pueblos enteros sin agua, familias desesperadas, comerciantes afectados y ciudadanos cansados de esperar soluciones que jamás llegan.
Y hay algo que ya resulta ofensivo para la ciudadanía: cada vez que estalla una nueva crisis, los gerentes de ERAS, Uniaguas o Aqualia salen exactamente con el mismo discurso reciclado de hace más de dos décadas. Siempre aparece la misma explicación técnica, la misma promesa de “trabajos para restablecer el servicio”, la misma narrativa de contingencia y el mismo llamado a la paciencia. Lo único que nunca llega es una solución definitiva.
Después de 22 años, resulta absurdo que todavía hablen de daños en bombas, fallas en motores o problemas operativos como si fueran situaciones extraordinarias e inevitables. Precisamente para eso existen la planeación, el mantenimiento preventivo y la responsabilidad administrativa. Lo que ocurre realmente es que el sistema ha sido manejado con improvisación permanente y con una alarmante incapacidad para garantizar continuidad y calidad.
Lo más indignante es que, pese al evidente fracaso, el modelo sigue sobreviviendo gracias a los subsidios de los municipios y a una facturación que muchos ciudadanos consideran abusiva frente a la pésima prestación del servicio. Mientras miles de familias hacen esfuerzos para pagar recibos costosos, reciben a cambio racionamientos, baja presión, agua de mala calidad y constantes interrupciones.
Aquí no estamos hablando de una emergencia puntual ni de un problema reciente. Estamos hablando de un fracaso estructural sostenido durante más de dos décadas. Un fracaso que ERAS, Uniaguas y ahora Aqualia han intentado maquillar con ruedas de prensa, comunicados y explicaciones repetidas hasta el cansancio.
La falta de ética también quedó expuesta hace mucho tiempo. Porque cobrar con puntualidad mientras el servicio falla permanentemente es una falta de respeto hacia la ciudadanía. Peor aún es pretender que la gente siga creyendo en discursos institucionales vacíos cuando la realidad diaria demuestra exactamente lo contrario.
Los habitantes de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún no merecen seguir siendo víctimas de esta burla institucionalizada. El agua no es un privilegio político ni un negocio para sostener burocracias ineficientes: es un derecho esencial. Y quien no tenga la capacidad técnica, administrativa y ética para garantizarlo, debe hacerse a un lado.
Aqualia tuvo la oportunidad de marcar una diferencia frente al desastre heredado y no lo hizo. Y ERAS, como entidad responsable del sistema, tampoco puede seguir actuando como simple espectador de una crisis que se repite año tras año. La realidad es contundente: el manejo del sistema les quedó grande.
Después de 22 años ya no existen excusas válidas. Lo que existe es un profundo cansancio ciudadano frente a operadores y directivos que aparecen únicamente cuando el sistema colapsa para repetir el mismo libreto de siempre. Los pueblos necesitan soluciones reales, no discursos reciclados. Esto , en pleno siglo 21 es una vergüenza y el colmo de ineptitud.
