La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, envió una carta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y al Ministerio de Hacienda para exigirles liderar la construcción de un instrumento normativo que permita controlar el ingreso al país de mercancías producidas con trabajo forzoso, tras la imposición del arancel del 12,5% que Estados Unidos aplicó a Colombia.
Desde el inicio de la investigación estadounidense, la cartera identificó que las preocupaciones de ese país no se limitaban a estándares de sostenibilidad en las cadenas de suministro, sino que apuntaban a verificar la capacidad de Colombia para ejercer controles efectivos sobre el ingreso de bienes producidos bajo esa práctica.
Según la carta, el ministerio promovió incluir dentro del proyecto de reforma al régimen sancionatorio aduanero una disposición que prohibiera importar bienes producidos con trabajo forzoso y asignara a la Dian, en coordinación con esa cartera, las competencias para aplicarla. La iniciativa contemplaba herramientas como la suspensión temporal del levante y la retención preventiva de mercancías.
La propuesta no fue incorporada al proyecto de ley, pese a las alternativas planteadas por el ministerio. Como respuesta, la cartera expidió una resolución conjunta con el Ministerio de Trabajo sobre debida diligencia y gestión del riesgo, aunque aclaró que ese instrumento no sustituye las competencias de control aduanero, que corresponden de manera exclusiva a la Dian.
“Es indispensable que lideren la construcción del marco normativo”, afirmó la ministra en el documento, en el que sostuvo que Estados Unidos requería “necesariamente la existencia de un instrumento de naturaleza aduanera”. Morales pidió a la Dian y al Ministerio de Hacienda dotar a la autoridad aduanera de facultades expresas para alinear al país con las mejores prácticas internacionales en la materia.
