En abril de 1981, según alega la Fiscalía General del Estado de New York, una de las mayores empresas químicas del mundo tomó una decisión inquietante., comenzó a monitorear en secreto a cincuenta de sus trabajadoras expuestas a un compuesto llamado PFOA, con el propósito, escrito por su propio director médico en un memorando, de responder a una sola pregunta, si esa sustancia causaba niños anormales.
Los datos de la empresa mostraron que dos de las siete embarazadas del grupo tuvieron bebés con defectos en los ojos y en la nariz, y que un tercero nació con la sustancia en el cordón umbilical. En lugar de informar a las mujeres, a sus médicos o a los reguladores, la compañía abandonó el estudio y siguió fabricando y vendiendo el producto durante décadas.
Esa es una de las afirmaciones centrales de la demanda que la Fiscalía del estado de New York por medio de su fiscal general Letitia James, radicó el 9 de julio pasado contra 3M, DuPont y varias empresas vinculadas, en la Corte Suprema del estado, del condado de Albany.
El expediente sostiene que estas compañías supieron durante medio siglo que sus productos eran tóxicos, persistentes y capaces de acumularse en el cuerpo humano, y que aun así los vendieron mientras aseguraban al público que eran seguros.
La acusación reconstruye una cronología difícil de leer sin indignarse; y es que ya en 1976 la empresa había confirmado la presencia de estos compuestos en la sangre de sus propios empleados y también en muestras del público general, que en 1984, tras hallar contaminación en el agua potable alrededor de una de sus plantas, sus directivos discutieron eliminar la sustancia y concluyeron que ninguna de las opciones era “económicamente atractiva”, de modo que decidieron continuar; y que en el año 2000 un abogado interno escribió a sus colegas que “el asunto de la biopersistencia nos va a hundir”.
¿Y qué es exactamente lo que estas empresas fabricaban? La demanda habla de los PFAS, esto es miles de sustancias químicas creadas por el hombre desde los años cuarenta, se las valoró por una cualidad muy útil, repelen el agua, la grasa y el calor.
Por eso terminaron en objetos que cualquiera reconoce en su casa, el más universal es la olla o el sartén antiadherente, esa capa que hace que el huevo no se pegue, cuya marca más famosa, el Teflón de DuPont, fue durante décadas sinónimo de la cocina moderna.
Pero también están en la ropa impermeable, en las alfombras tratadas contra manchas y en cosméticos “resistentes al agua”.
Su apodo, “químicos eternos”, no es un simple decir; la misma cualidad que los hace resistentes en una sartén los vuelve casi indestructibles en la naturaleza y en el organismo, no se degradan con facilidad, se acumulan en el suelo, en el agua, en la sangre de las personas y de los animales, y viajan largas distancias antes de regresar a la tierra con la lluvia.
Una vez dentro del cuerpo, su salida es lentísima. La ciencia los asocia con un mayor riesgo de ciertos cánceres, con alteraciones hormonales, con enfermedad hepática y con complicaciones del embarazo.
Lo de New York no es un hecho aislado, es parte de un movimiento que se percibe en varios países a la vez. En abril de 2026, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos incorporó por primera vez estos compuestos, junto con los microplásticos, a su lista de contaminantes candidatos a ser regulados en el agua potable, admitiendo incluso que para algunos todavía no existe un método de medición plenamente validado, esto obliga a una prudencia doble, ni negar el riesgo ni exagerarlo.
Europa, por su parte, va un paso adelante, una directiva europea de marzo de 2026 ordenó vigilar estas sustancias en las aguas, y España ya fijó un límite permisible, un límite concreto de PFAS que el agua de consumo no puede superar, con cumplimiento a partir de este mismo año. Hay lugares donde la discusión ya no es si el daño existe, sino cuánto se está dispuesto a tolerar.
¿Y Colombia? Aquí aún estamos muy incipientes, y además miramos el problema de forma preocupantemente distinta. Nuestro punto de inicio ha sido el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el tratado internacional que busca eliminar del mercado las sustancias que, por su persistencia y toxicidad, representan una amenaza global.
En ese marco, el Ministerio de Ambiente ha trabajado una hoja de ruta para la transición hacia productos libres de estos compuestos fluorados, con un horizonte de eliminación progresiva hacia el final de esta década.
Es un compromiso valioso, pero de una naturaleza precisa, apunta a sacar la sustancia de circulación en unos años, lo que todavía no existe en Colombia es lo otro, lo que Europa ya tiene y varios estados norteamericanos también; un estándar que diga cuánto de estos químicos puede contener, hoy, el agua que sale de nuestras tuberías, dicho de manera sencilla, el país se comprometió a eliminar la sustancia mañana, pero no ha fijado cuánto puede tolerar el agua que bebemos hoy.
Esa distinción no es un tecnicismo, entre el día en que un país promete eliminar una sustancia y el día en que efectivamente desaparece de las cadenas de producción y de consumo transcurren años, a veces décadas, y durante todo ese tiempo la gente sigue bebiendo, cocinando y lavando.
Un umbral de calidad del agua es, precisamente, la herramienta que protege a las personas en ese largo entretanto.
Su ausencia deja un espacio en blanco que ningún compromiso de futuro llena por sí solo, y es un espacio que resulta urgente revisar y regular, sin alarmismo pero también sin comodidad, porque la experiencia enseña que el derecho ambiental colombiano suele llegar tarde, cuando el daño ya se consumo y la reparación es costosa.
El sartén que mencione en esta columna resume bien la paradoja, lo que nos hace la vida más cómoda es, muchas veces, lo mismo que termina en el agua que bebemos.
La demanda de New York no trata solo de unas empresas y unos químicos; trata de una manera de decidir que privilegió el cálculo económico sobre la advertencia oportuna, y que apostó a que el daño tardaría en ser visible.
Colombia está a tiempo de no repetir esa historia, pero estar a tiempo no es lo mismo que estar preparado, traducir aquí lo que ya se discute afuera, y hacerlo antes de que el problema toque nuestras tuberías, es la clase de tarea silenciosa que separa a los países que previenen de los que apenas reaccionan.
La pregunta, al final, es sencilla, ¿queremos legislar sobre lo irreparable, o preferimos anticiparnos mientras el agua todavía puede ser cuidada?
