Más de la mitad de quienes trabajan en Colombia nunca ha tenido voz en la discusión que fija el ingreso de referencia del país. Este año eso empieza a cambiar. Según el DANE, en el trimestre junio-agosto de 2026 el 54,8 % de los ocupados estaba en la informalidad, algo más de trece millones de personas.
No están afiliados a un sindicato ni trabajan en empresas agremiadas, y aun así viven las consecuencias de la cifra que se concerta o decreta cada diciembre. Lo mismo ocurre con quienes buscan empleo: para ellos el salario mínimo es, antes que un ingreso, una condición de entrada.
El salario mínimo es mucho más que el piso de remuneración de la jornada laboral. Opera como precio de referencia para todo el mercado laboral.
Con él se fija la base mínima de cotización a la seguridad social, se pactan los pagos por días en los hogares, se mide el ingreso de quienes trabajan a través de plataformas, se determina la cobertura del subsidio familiar y se toman decisiones de contratación en las empresas pequeñas, donde un punto adicional puede definir si una vacante se abre o no.
Una decisión con ese alcance y magnitud debe tomarse escuchando a todos quienes de una u otra forma son impactados por ella.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por el artículo 56 de la Constitución y reglamentada por la Ley 278 de 1996, reúne al Gobierno, a los gremios empresariales, a las centrales sindicales y a las confederaciones de pensionados. Con los años quedó reducida a una instancia que se activa en diciembre para fijar una cifra. Su nombre dice otra cosa.
Es permanente, y la ley le dio finalidades amplias: fijar de manera concertada la política laboral, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo, definir estrategias para los trabajadores independientes y, como una de ellas, fijar el salario mínimo. Es una sola mesa con dos tiempos. Uno es el de las sesiones permanentes, en las que se discute la política laboral a lo largo del año. El otro es el de la negociación del mínimo.
Por eso, en la sesión extraordinaria del 1 de octubre propusimos que la Comisión vuelva a sesionar durante todo el año, y no solo en las semanas de la negociación del mínimo. Desde ese día pusimos sobre la mesa el trabajo en plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la inspección laboral, la negociación colectiva y la tercerización.
Hay además una realidad que no podemos seguir ignorando: la gran mayoría de los trabajadores del país no se siente representada en esa mesa. No es un reproche a quienes la integran, que hablan legítimamente por sus afiliados. Es el reflejo de un mercado laboral en el que la mayoría trabaja en la informalidad, con precaria protección social, sin sindicato y sin un gremio que hable por ella. Por eso estamos haciendo esto.
Nuestra estrategia tiene tres movimientos. El primero es escuchar antes de negociar: sostener diálogos por sector con quienes no tienen asiento en la Comisión, para que su realidad llegue documentada a la mesa y no como una mención de última hora. El segundo es ampliar la mesa dentro de lo que la ley permite, invitando con voz a sus organizaciones y a centrales y gremios que hoy no la integran, y sumando una mesa de trabajo con la academia para que la discusión tenga sustento y rigor técnico y no dependa solo de las cifras que cada parte trae.
El tercero es darle continuidad: la cifra de diciembre será uno de los resultados, no el único, y lo que se abra este año no se cerrará el 15 de diciembre, sino que seguirá en las sesiones permanentes y en mesas técnicas a lo largo de 2027. Están ocurriendo muchos cambios que impactan el panorama laboral y no podemos esperan un año para revisarlos y adaptarnos a una realidad social en movimiento. Hay que soñar y construir juntos, dialogando de manera continua, el futuro laboral de Colombia.
Los primeros pasos ya están dados. Según el DANE, cerca de 656.000 personas se dedican al trabajo doméstico, en su gran mayoría mujeres. El 28 de octubre, en una jornada con seis de sus organizaciones y con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, las invité por primera vez a la Comisión, tanto a sus sesiones permanentes como a la discusión del mínimo, y acordamos un plan de trabajo para 2027 cuyas mesas técnicas comenzarán en enero. Junto a ellas están las cuidadoras, que atienden a niños, personas mayores y personas con discapacidad, casi siempre sin contrato escrito y con ingresos que dependen de acuerdos verbales. En ambos casos la ley exige pagar al menos el mínimo, o su proporción cuando se trabaja por días u horas, y la práctica lo incumple de manera sistemática.
Los repartidores de plataformas digitales están en una situación distinta. La Ley 2466 de 2025 les reconoció un régimen de protección social y el Decreto 991 de 2026 reglamentó sus aportes con tablas que toman el salario mínimo como referencia. Su ingreso, sin embargo, no depende de un contrato de trabajo y no tienen asiento en la Comisión. Su caso obliga a preguntarnos cómo debe leerse el mínimo para quien gana por entrega y no por mes.
El campo es el otro frente. Según el DANE, en los centros poblados y el área rural dispersa la informalidad llegó al 83,2 % en el trimestre mayo-julio de 2026. Por eso abrimos el diálogo a las organizaciones campesinas, que rara vez han tenido voz en esta discusión, y a sectores agrícolas que generan empleo formal en zonas rurales, como la floricultura y el banano, que este año, en el caso de las flores, enfrentan un arancel del 12,5 % en Estados Unidos.
En la representación sindical y empresarial también hay avances. En la sesión del 13 de octubre se sentaron a la mesa la CUT, la CGT, la CTC, la CGT Democrática e Independiente y las confederaciones de pensionados CPC y CDP, y estamos extendiendo la invitación a gremios que no integran la Comisión.
Todo esto se hace dentro de la ley. La Ley 278 permite invitar con voz a organizaciones de trabajadores, de pensionados y de empleadores que no integran la Comisión, y las decisiones siguen siendo de sus miembros y por consenso. No se trata de restarle peso a las centrales ni a los gremios, que han sostenido este espacio durante tres décadas, sino de que decidan con más voces y mejor información. Es un mensaje de inclusion y de construcción colectiva.
Quiero ser clara sobre el sentido de esta decisión. El compromiso de este Gobierno no es con un sector ni con una parte de la mesa. Es con todos los trabajadores, con los que tienen contrato y con los que no lo tienen, con quienes emplean y con quienes buscan empleo, y es con el país, el urbano y el rural, el del centro y el de la periferia.
La Patria Milagro se construye entre todos, y no hay construcción posible si la mitad de quienes trabajan se queda por fuera de las decisiones que los afectan. El reto es que más personas pasen de la informalidad al Empleo digno y protegido. Para lograrlo vamos a escuchar a todos antes de decidir, y vamos a decidir pensando en todos, con empatía, solidaridad y responsabilidad.
Natalia Eugenia López Fuentes
Ministra del Trabajo
