Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años, conservó su vínculo con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mientras un juez lo requería. La orden de captura data del 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial.
Agentes del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Gaula Militar lo detuvieron en Neiva, Huila, el viernes 6 de noviembre, dentro de una investigación por el presunto acceso y manejo irregular de información estratégica.
Los documentos internos de la agencia le atribuyen el liderazgo de una red que buscaba alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio mediante ataques a la Registraduría, con operación desde España. Oyola había ingresado a la entidad en febrero de 2024 y los informes lo relacionan con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.
Horas antes de la primera vuelta, la Fiscalía allanó un apartamento que la DNI habría usado como fachada, pero el ingeniero salió del lugar antes de que entraran los investigadores.
Otro hallazgo apunta a una casa de inteligencia clandestina a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El informe la describe como “sede operativa no registrada en libros”. Según la fuente citada en el reporte, los ocupantes la desalojaron tras las elecciones y borraron los registros de su existencia.
Los papeles también mencionan planes para espiar a expresidentes e irregularidades de contratación durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Contraloría General examina cinco contratos por más de 20.783 millones de pesos, por presuntas fallas técnicas, incumplimientos y posibles sobrecostos. La Comisión de Inteligencia del Congreso solicitó los documentos oficiales.
