La audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos inició con una petición de la Fiscalía, cinco días de arresto para el hijo del presidente por desacatar las órdenes del juez que exigían su presencia física en las diligencias.
La fiscal Lucy Laborde tomó la palabra al reanudar la sesión y cuestionó abiertamente que Petro Burgos realmente no pueda trasladarse desde Bogotá hasta Barranquilla. Para sustentar su solicitud, presentó publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda entre el 28 de octubre de 2025 y el 12 de enero de 2026, que muestran al exdiputado del Atlántico en ciudades como Cartagena y Santa Marta, justo en los períodos en que él le aseguraba al juez que su situación de seguridad le impedía moverse de la capital.
El argumento que Petro Burgos sostuvo en repetidas ocasiones fue que, al estar incluido en la lista Clinton también conocida como lista OFAC, las aerolíneas no le vendían tiquetes aéreos. Sin embargo, la Fiscalía fue más allá y confirmó, a través de requerimientos al Club Naval de la Armada Nacional en Cartagena, que el procesado tuvo seis ingresos a ese lugar después de su inclusión en dicha lista, lo que desmonta directamente ese argumento.
El juez escuchó la solicitud pero resolvió no tramitarla en audiencia. Le pidió a la Fiscalía presentar todo por escrito para dar traslado a las partes y tomar una decisión mediante resolución. En términos legales, el despacho definirá si impone la medida correccional o exonera a Petro Burgos.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso. El juez fijó el 7 y 8 de mayo como las fechas para retomar la audiencia preparatoria y determinar qué pruebas entrarán al juicio oral y cuáles quedarán por fuera.
