La reciente expedición del Decreto 044 de 2024, suscrito por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, ha generado preocupación y desconcierto en el sector minero colombiano.
Según el Consejo Gremial Nacional, esta norma “delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”, lo cual atenta contra la continuidad y desarrollo de la actividad minera en el país.
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 35 gremios y asociaciones de diferentes sectores económicos, expresó su inquietud por las consecuencias de esta norma, que se detalla en la comunicación enviada al Gobierno Nacional.
Según el gremio, el Decreto 044 de 2024 desconoce los lineamientos establecidos en los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) para la exclusión y restricción de zonas de la minería, ignorando criterios para la designación de áreas protegidas establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y los procedimientos para la Declaratoria de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Además, el Consejo Gremial Nacional advierte que el decreto rompe con la autonomía de rango constitucional de las Autoridades Autónomas Regionales y contraría la estructura del Sistema Nacional Ambiental.
“Sorprende que no se considere el impacto en el desarrollo económico y social de las regiones, que causará la creación de estas áreas, pues no solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen”, indicaron.
El gremio alerta que en este escenario ningún proyecto, indistintamente del tamaño y mineral, podrá recibir autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan. Esto, sin contar con sustentos técnicos y socioeconómicos adecuados. La falta de certeza que conlleva esta norma temporal alejará a los inversionistas.
Se teme que el potencial del país de usar minerales estratégicos para la transición energética justa se desperdiciaría, restando una oportunidad para el desarrollo social y económico regional y haciendo más costosa la descarbonización de la economía.
El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado al Gobierno para revisar y delimitar de manera concertada el alcance de este decreto, garantizando la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de la minería en Colombia.
