En Colombia seguimos cometiendo el mismo error de tratar las emergencias climáticas o de cualquier tipo, como si fueran únicamente un problema humanitario. Por su puesto que esa cara es la que más causa impresión y dolor, pero también son un choque severo sobre la productividad, la logística, el empleo y el ingreso.
Por eso la discusión de fondo no debería limitarse a cuántas ayudas se entregan, sino a cuánto capital productivo se pierde y qué tan rápido puede reconstruirse.
En Córdoba, una de las zonas más golpeadas, se reportaron más de 100.000 hectáreas afectadas por las inundaciones en febrero de 2026. Además, el propio marco normativo de la emergencia reconoció que el 65,2% de los predios afectados correspondía a pequeños productores, precisamente el eslabón más vulnerable de la economía rural.
Esto no es marginal para la economía colombiana, o como decimos en mi tierra “es vaina pa´pararle bolas”. En 2024, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue una de las actividades que más aportó al crecimiento del PIB nacional con 6,1% y contribuyó con 0,6 puntos porcentuales al crecimiento total del país (el DANE reportó que en todo 2025 preliminar, el valor agregado del sector creció 3,1% frente a 2024).
Es decir, estamos hablando de un sector que sostiene empleo y seguridad alimentaria, sino que además viene actuando como uno de los motores del crecimiento reciente, así que estos golpes a su base, pasa de ser un asunto local a un problema macroeconómico.
A eso se suma una restricción estructural que Colombia todavía no resuelve, y es que mover bienes en el país sigue siendo caro. La Encuesta Nacional Logística de 2024 estimó el costo logístico nacional en 15,6% de las ventas empresariales; o dicho de otra manera, de cada 100 pesos que factura una empresa, 15,6 se van en transporte, almacenamiento e inventarios (cifra que es muchísimo mayor en los departamentos con más atraso en conectividad).
Así que cuando un desastre daña vías rurales, aísla municipios o retrasa la salida de cosechas, ese costo se dispara, profundizando ineficiencias preexistentes.
El problema es todavía más grave si recordamos que la red vial regional sigue siendo frágil. Un CONPES de 2025 advirtió que el 97% de las vías terciarias del país permanece sin pavimentar y que más del 50% de los alimentos transita por corredores regionales. Esa es la ecuación real del subdesarrollo territorial, la de una economía que depende del campo, pero que sigue conectando al campo con infraestructura de baja calidad y alta vulnerabilidad.
Por eso la recuperación no puede seguir pensándose como una suma de subsidios, mercados y reparaciones puntuales. Eso es necesario, pero insuficiente. El país necesita una lógica de reconstrucción productiva, de manera que cada peso invertido después de una emergencia debería dejar vías terciarias, protección de cuencas, conectividad logística, acceso a crédito y obras que reduzcan la exposición futura del aparato productivo. Lo contrario es financiar la repetición del daño.
Boris F. Zapata Romero
Consultor en Competitividad, Innovación y Desarrollo Económico
