Amylkar D. Acosta M[1]
La convocatoria impulsada por la ministra (E) de Medio ambiente y desarrollo sostenible Irene Vélez, bajo el sugestivo lema de “la transición más allá de los combustibles fósiles”, plantea una discusión necesaria, pero mal encuadrada. No porque la Transición energética carezca de urgencia —todo lo contrario—, sino porque se presenta como una disyuntiva excluyente: o fósiles o futuro. Y la realidad, terca como siempre, se mueve en zonas grises y tiene sus viceversas.
Empiezo por decir que el mundo atraviesa por un punto de inflexión en la manera de entender e interpretar la Transición energética. Lo que durante años se concibió como una ruta lineal hacia la descarbonización, hoy se redefine bajo el peso de nuevas realidades geopolíticas, económicas y tecnológicas. La Transición ya no es únicamente una carrera por reducir emisiones, sino un delicado equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y soberanía energética.
La disrupción causada por eventos como la guerra en Ucrania puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas energéticos altamente dependientes de fuentes externas. Europa, por ejemplo, comprendió que la dependencia del gas ruso no solo era un problema ambiental, sino un riesgo estratégico. A partir de entonces, el abastecimiento seguro de energía dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una prioridad de Estado.
En este nuevo contexto, la seguridad energética —entendida como la garantía de suministro continuo, confiable y a precios razonables— ha recobrado centralidad. Países que antes apostaban por el desmonte acelerado de los combustibles fósiles ahora revisan sus cronogramas, reactivan proyectos de exploración o prolongan la vida útil de sus activos energéticos tradicionales. No se trata de un retroceso, sino de una adaptación pragmática frente a un entorno incierto.
Al mismo tiempo, la soberanía energética ha ganado protagonismo. Las naciones buscan reducir su exposición a mercados volátiles y a decisiones externas, fortaleciendo su capacidad interna de generación. Esto incluye desde el impulso a las energías renovables hasta el aprovechamiento de recursos propios, sean estos hidrocarburos, potencial hidroeléctrico o minerales estratégicos para la Transición.
Este viraje no implica abandonar los compromisos climáticos, sino reconocer que su cumplimiento depende de sistemas energéticos resilientes. Los principios hay que modularlos con el pragmatismo. Sin seguridad ni soberanía, la transición pierde viabilidad política y social. La verdadera transformación energética será aquella que logre armonizar estos tres pilares: sostenibilidad ambiental, seguridad del suministro y autonomía estratégica.
En suma, el mundo no está renunciando a la transición energética; la está madurando. La está llevando del terreno de las aspiraciones al de las realidades, donde las decisiones no solo se miden en toneladas de CO₂ evitadas, sino en su capacidad de sostener economías, garantizar bienestar y preservar la estabilidad de las naciones. No hay que perder de vista que no se puede llegar a la tarde sin pasar por el medio día.
Colombia no enfrenta una elección binaria, sino un desafío de sincronización. Pretender un salto abrupto hacia una economía post-fósil, sin las condiciones técnicas, fiscales y sociales adecuadas, equivale a desmontar el puente antes de haber cruzado el río. La Transición energética no es un acto de fe; es un proceso de ingeniería económica, institucional y tecnológica que exige tiempos, inversiones y, sobre todo, realismo.
El país sigue dependiendo de los hidrocarburos no solo como fuente de energía, sino como columna vertebral de sus finanzas públicas y su balanza externa. El petróleo y el gas aportan una fracción significativa de las exportaciones, de los ingresos fiscales y de la estabilidad macroeconómica. Desconocer esta realidad en nombre de un horizonte deseable, pero aún distante, puede resultar más costoso que virtuoso.
La verdadera discusión no es si Colombia debe ir más allá de los combustibles fósiles —eso es inevitable—, sino cómo y a qué ritmo hacerlo sin sacrificar crecimiento, empleo y estabilidad. La electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables, el fortalecimiento de las redes de transmisión y la promoción de la eficiencia energética son piezas claves, pero requieren financiamiento, planeación y continuidad en las políticas públicas.
Contrariamente a lo planteado por el Presidente Gustavo Petro en los prolegómenos de tan publicitado como cuestionado evento, pensando con el deseo, en el sentido que “el petróleo y el gas ya no se van a vender en el mundo” y por lo tanto hay que abandonarlo cuanto antes, porque, según él, además “si exportamos petróleo, gas y carbón matamos a la humanidad”, el mundo sigue consumiéndolos y la demanda tanto por petróleo como de carbón viene de récord en récord. Las cifras no mienten, en el caso del petróleo la demanda, por primera vez superó la barrera de los 100 millones de barriles/día y el año anterior registró los 104 millones, otro tanto ocurre con el carbón, cuya demanda pasó de los 8.700 millones de toneladas en 2023 a las 8.845 millones de toneladas en 2025!
Por lo demás, Colombia que depende, como depende, del petróleo y del carbón, ya que son los dos principales renglones de exportación y como tales los mayores generadores de divisas, son además las dos principales fuentes de ingreso tanto para la Nación, que recauda el impuesto de renta y recibe de manos de ECOPETROL ingentes recursos por concepto de dividendos, como de las entidades territoriales, que tienen en el Sistema general de regalías (SGR) que paga la industria extractiva su principal fuente de financiación de sus proyectos y programas de inversión. Además, la Transición energética demanda recursos que sólo ellos pueden proporcionar, Colombia debería imitar a Brasil, que ha creado un Fondo para financiar la Transición energética, el cual se nutre de las utilidades que le reporta su industria petrolera.
[1] Miembro de Número de la ACCE
