Esta es la tercera columna en tres meses que dedico al proceso que ha dado lugar a las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en Córdoba. Insisto porque estamos frente a una decisión de Estado que, más allá de su justificación técnica, tiene implicaciones jurídicas, económicas y territoriales profundas. El país puede estar ante una oportunidad histórica de fortalecer su soberanía alimentaria, pero también se encuentra frente a un riesgo concreto, que un instrumento concebido para proteger el campo genere incertidumbre e inseguridad jurídica allí donde debería sembrar confianza.
Proteger suelos estratégicos es, sin duda, un objetivo legítimo. Las grandes economías agrícolas del mundo actúan en esa dirección. La Unión Europea lo hace mediante la Política Agraria Común, que no solo ordena, sino que también incentiva, subsidia, asegura y acompaña al productor, los Estados Unidos lo implementan vía programas federales que combinan conservación y producción, con líneas de crédito, garantías, seguros agrícolas y compromisos regulatorios de largo plazo, corea del Sur transformó zonas rurales completas blindando sus valles productivos, digitalizando el campo y conectando tecnología con producción local, Brasil, pese a su complejidad institucional, logró esquemas en los que grandes unidades productivas conviven con reservas ambientales bajo sistemas de trazabilidad y acompañamiento estatal constante, pocas horas antes de escribir esta columna asistía a una reunión con un grupo de brasileros donde precisamente se está armando un proyecto gigante de captura de carbono que combina, extensiones dedicadas a la producción de alimentos y otras más a la organización para luego emitir créditos de carbono.
En todos esos modelos hay un principio transversal, proteger la tierra productiva jamás ha significado introducir incertidumbre jurídica sobre quien produce, invierte y genera empleo de manera formal. Las políticas serias comparten una constante; claridad regulatoria, seguridad jurídica, incentivos productivos y planificación territorial robusta. No existe reforma rural exitosa que se haya construido sobre la ambigüedad o sobre el silencio, tampoco existe seguridad alimentaria sin estabilidad para quienes garantizan la producción.
Córdoba, nodo logístico natural, ha sido designada como punto de partida para esta política, y aunque la decisión puede interpretarse como reconocimiento a la vocación productiva del territorio, también exige una responsabilidad institucional superior. Cuando el Estado decide trazar una línea en el mapa rural, transforma expectativas, altera decisiones productivas y condiciona inversiones futuras, y hacerlo sin un esquema claro de transición, sin lineamientos operativos públicos y sin una estructura mínima de incentivos genera inquietudes legítimas entre productores, municipios y gremios.
Nadie discute la finalidad, el debate está en la ejecución, delinear polígonos es sencillo, convertirlos en una política viable que fortalezca la economía rural es el desafío real. La pregunta no es si debemos garantizar tierra productiva para las próximas generaciones; la pregunta es si el Estado está dispuesto a garantizar claridad, acompañamiento y previsibilidad a quienes hoy trabajan esa tierra. Es allí donde se define la credibilidad de la política.
Los productores formales de Córdoba, campesinos, medianos agricultores, ganadero y agroindustriales, seguramente no rechazan la planeación rural, rechazan la incertidumbre, quieren saber qué implicará la medida, en qué plazos, bajo qué reglas y con qué instrumentos de apoyo, quieren claridad en la interacción entre las ZPPA y los Planes de Ordenamiento Territorial, quieren garantías para sus contratos, inversiones y proyectos en curso, quieren evitar que decisiones estratégicas se vean alteradas por falta de lineamientos, no por criterios de sostenibilidad. Ese no es un reclamo político; es un estándar de seguridad jurídica que sustenta cualquier economía moderna.
La ausencia temporal de respuestas concretas abre espacio a interpretaciones, y las interpretaciones en política rural son caldo de cultivo para la desconfianza. Cuando un productor formula inquietudes sobre créditos, licencias, ciclos productivos o formalización, no está obstaculizando la política; está advirtiendo sobre vacíos que pueden minar su éxito, cuando un alcalde pregunta cómo armonizar su POT con las nuevas delimitaciones, no está resistiendo al Estado; está pidiendo herramientas para cumplir, y cuando un gremio empresarial solicita metodologías públicas, plazos y canales institucionales de diálogo, no está defendiendo privilegios; está defendiendo estabilidad para todo el ecosistema rural.
Las inquietudes son sensatas y predecibles porque la historia institucional del país enseña prudencia. Colombia ha tenido experiencias en las que el anuncio precedió a la preparación técnica, y el territorio pagó el costo de la curva de aprendizaje, en materia agraria, un error de diseño normativo puede traducirse en pérdida de inversión, freno en adopción tecnológica, litigiosidad innecesaria y deterioro institucional, cuando el campo duda, el desarrollo se detiene, y detener el desarrollo rural es un lujo que el país no puede permitirse.
Las ZPPA pueden convertirse en un modelo de referencia si, y solo si se sustentan en tres compromisos visibles. Primero, lineamientos regulatorios claros, públicos y verificables, que definan etapas, efectos concretos y rutas de integración normativa, segundo, instrumentos financieros y técnicos que acompañen la transición, especialmente para pequeños y medianos productores, pero sin desconocer el papel estratégico del sector empresarial formal, y tercero, un marco de gobernanza territorial que incluya a municipios, gremios, comunidades rurales y academia en un proceso técnico, no reactivo. El Estado lidera, pero el territorio ejecuta; esa ecuación exige coordinación, no imposición.
La claridad normativa no es un favor. Es el fundamento mínimo para planear, sembrar, invertir, contratar y proyectar un modelo agroalimentario moderno. La política agrícola del siglo XXI no se construye sobre la retórica; se construye sobre sistemas, incentivos, financiamiento, certidumbre y medición de resultados. Cualquier política que pretenda proteger el suelo productivo debe proteger también la previsibilidad de quienes lo trabajan legalmente. Uno sin lo otro no es desarrollo, es tensión institucional.
Córdoba puede, si lo decide, liderar este capítulo de transformación rural, pero ese liderazgo no se construye con anuncios; se construye con credibilidad. El mensaje debe ser inequívoco: el campo se fortalece con institucionalidad seria, no con ambigüedad interpretativa.
Los productores requieren acompañamiento técnico, no suposiciones, los municipios necesitan lineamientos, no cargas indefinidas, el capital productivo necesita estabilidad, no incertidumbre regulatoria, y el país necesita recordar que la soberanía alimentaria no es un discurso; es una arquitectura institucional que se sostiene en tres pilares inseparables, suelo, inversión y confianza.
Si las ZPPA logran articular ese trípode, Colombia habrá dado un paso estratégico hacia el futuro. Si la política se queda en la intención sin traducirse en instrumentos concretos, habrá desperdiciado una oportunidad de oro y, peor aún, afectado la confianza de quienes sostienen la economía rural. En últimas, la pregunta que definirá el éxito o el fracaso de este proceso es simple: ¿construimos estabilidad o trasladamos incertidumbre?
Hoy, la responsabilidad del Estado es garantizar que la respuesta sea la primera. El campo cordobés no necesita discursos tranquilizadores ni silencios prolongados, necesita reglas claras, tiempos definidos, metodologías públicas, acompañamiento visible e incentivos tangibles. La tierra se protege con decisión, sí. Pero la productividad y la seguridad alimentaria se garantizan con claridad, consistencia y respeto por quienes producen.
Colombia puede hacerlo bien. Córdoba puede ser referencia nacional, el sector productivo muy seguramente quiere que salga bien. Falta que la política lo reconozca con precisión y lo acompañe con hechos, porque en materia agrícola, como en la buena gestión pública, la verdadera fortaleza no reside en anunciar, sino en cumplir con rigor y gobernar con claridad.
