@javierdelahoz20
Con ocasión de mi ejercicio profesional coincidí esta semana, en la misma sala de reuniones, con un grupo de profesionales a los que admiro profundamente, científicos de la Universidad de Córdoba, suelo decir en distintos espacios, se los pongo al frente a quien sea; a mi criterio son los mejores del país, y si no son los mejores, están entre los mejores.
Uno de ellos, para ambientar su intervención, mencionó un estudio de metales pesados realizado sobre el río Sinú hace un par de años, ese comentario que fue muy rápido me recordó otra investigación publicada en 2022 y que es la razón por la que hoy escribo sobre el tema, y es que hay hallazgos que no deberían quedarse en las conversaciones entre especialistas, merecen llegar a la discusión pública, porque plantean preguntas que ya no son solo científicas, sino jurídicas, institucionales pero sobre todo humanas.
La investigación aborda un fenómeno que me permito ilustrar con una escena cotidiana, en la Mojana esa región donde el agua ordena la vida, el pescado es la base de la alimentación diaria de miles de familias, es una práctica ancestral, económica y culturalmente arraigada, pero es al mismo tiempo, la principal vía por la que un veneno silencioso y letal ingresa al organismo de quienes habitan la región, en particular de los más pequeños, los niños. No hay allí negligencia de las comunidades ni imprudencia de las familias, hay personas alimentándose como siempre lo han hecho, en un territorio cuyo entorno ha sido alterado por decisiones tomadas lejos, aguas arriba.
El estudio del que hablo fue publicado en 2022 en Environmental Research, una de las revistas más respetadas del mundo en materia ambiental, y lleva la firma, entre otros, de José Luis Marrugo Negrete, investigador de la Universidad de Córdoba y una de las mayores autoridades del país en contaminación por mercurio, junto a Sergi Díez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que la ciencia generada en nuestro Caribe se publique en coautoría con un centro europeo de primer nivel no es un dato menor, indica claramente que lo que ocurre en La Mojana se estudia hoy con los mismos estándares metodológicos con que se examinan los grandes problemas ambientales del mundo
Los investigadores evaluaron a setenta niños y adolescentes de la región, a cada uno le midieron, mediante biomarcadores objetivos en cabello y sangre, los niveles de mercurio y de arsénico presentes en su cuerpo, y luego les aplicaron once pruebas neuropsicológicas reconocidas internacionalmente, orientadas a valorar la memoria, el lenguaje, la atención y otras funciones, es decir, la capacidad de planear, organizar y resolver. Los resultados son demoledores, el 57,1 % de los menores presentaba niveles de estos tóxicos por encima de los valores de referencia fijados por autoridades tan rigurosas como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Agencia estadounidense para Sustancias Tóxicas. Más de la mitad de los niños examinados registraba en su organismo concentraciones superiores a las que cualquier organismo científico considera tolerables, es decir, día a día estos niños están siendo envenenados.
El hallazgo de mayor relevancia, sin embargo, no es la presencia del metal, sino su correlación con el desempeño cognitivo. El análisis estadístico encontró una relación significativa, a mayor concentración de mercurio y arsénico, menor era el rendimiento de los menores en las pruebas de lenguaje y de otras funciones, y mayor la frecuencia de errores. La exposición, en otras palabras, no solo estaba presente en los cuerpos, sino que se asociaba con una disminución medible en la capacidad de aprender. Se trata de un impacto que compromete el desarrollo intelectual de una población infantil en una de las regiones con mayores índices de pobreza del país, con consecuencias que trascienden lo sanitario y se proyectan sobre lo educativo, lo económico y, con el tiempo, en lo social.
El mercurio que llega a La Mojana no proviene de sus ciénagas, desciende, en buena parte, de actividades de explotación de recursos naturales que se desarrollan aguas arriba, en ocasiones a considerable distancia. El metal se libera al ambiente, se desplaza sin reconocer límites territoriales y, una vez en el ecosistema, se transforma en su forma más tóxica, que asciende por la cadena alimentaria hasta concentrarse en los peces y, finalmente, en quienes los consumen.
El derecho no ha permanecido ajeno a esta realidad. Colombia ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, instrumento internacional que compromete a los Estados a reducir y eliminar de forma progresiva el uso de este metal. La denominación del convenio no es casual, emite a la bahía japonesa de Minamata, donde a mediados del siglo pasado el vertido industrial de mercurio afectó gravemente a una comunidad pesquera mientras las autoridades tardaban años en reconocer la magnitud del problema. De aquella experiencia la comunidad internacional derivó un marco normativo destinado a evitar su repetición. La cuestión que legítimamente cabe plantear es por qué, existiendo compromisos internacionales de esta naturaleza y conociéndose el precedente, persisten en el territorio nacional condiciones que reproducen, con otros actores, un patrón semejante, es decir, porque el estado no actúa?.
La explicación, en mi criterio, tiene que ver con la manera en que se distribuye la atención institucional. Suele tratarse la contaminación por mercurio como un asunto sectorial, propio de las autoridades mineras o ambientales, cuando en rigor constituye una cuestión de salud pública y de derechos fundamentales que atañe al Estado en su deber de protección, con especial énfasis en los sujetos de especial protección constitucional. La jurisprudencia internacional en materia ambiental ha venido consolidando el estándar de una diligencia reforzada a cargo de los Estados frente a este tipo de daños, deber que se intensifica cuando los afectados son niños o comunidades étnicas. En el plano interno, la existencia de evidencia científica sólida modifica el escenario de responsabilidad, a partir de su publicación, ninguna autoridad ambiental, ningún instrumento de ordenamiento territorial y ningún tomador de decisiones puede invocar razonablemente el desconocimiento del riesgo, la disponibilidad de la información traslada la discusión del terreno de la ignorancia al del deber de actuar.
Hay, no obstante, un elemento en esta historia que merece resaltarse, la misma región donde se documenta la contaminación es la que produjo el conocimiento que la evidencia, a través de una universidad pública del Caribe colombiano cuya investigación se sitúa a la altura de los mejores centros del mundo. La ciencia local cumple, en estos casos, una función que excede lo académico, constituye con frecuencia la primera alerta técnica del daño y aporta el sustento probatorio que permite a un juez, a una autoridad o a una comunidad exigir lo que en derecho corresponde. Convertir esa evidencia en decisiones concretas de política pública, de ordenamiento, de control y, cuando proceda, de reparación es una responsabilidad compartida entre el Estado que regula, el sector productivo que debe operar con la debida diligencia y la sociedad que define sus prioridades.
El estudio de la Universidad de Córdoba deja, entonces, una conclusión que trasciende sus cifras. La contaminación por metales pesados en La Mojana no es un episodio aislado ni un problema estrictamente técnico, es la expresión concreta de cómo se distribuyen, en nuestro territorio, los beneficios y los costos del aprovechamiento de los recursos naturales. La pregunta que corresponde formular, más que científica, es de orden institucional y ético; cuando la evidencia ya está disponible y el marco jurídico ya existe, ¿qué justifica la demora en actuar, y quién responde por el costo que esa demora impone sobre quienes menos posibilidades tienen de evitarlo?
