Eran las 4:17 de la madrugada del 6 de febrero de 2023 cuando el sureste de Turquía empezó a temblar con una fuerza descomunal, se trataba de un terremoto cuya magnitud fue de 7.8 en la escala de Richter, en cuestión de segundos, miles de edificios colapsaron sobre las personas que dormían dentro. El balance final, entre Turquía y Siria, superó los 50.000 muertos.
Antes de la tragedia, el propio Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo turco ya había reconocido que más de la mitad de los edificios del país no cumplían los estándares antisísmicos vigentes, un dato que, revisado después del sismo, resultó devastadoramente profético, y es que en los años siguientes, la justicia turca avanzó en varios procesos derivados de la tragedia. En febrero de 2024, un tribunal condenó a 18 años de prisión a un constructor por el colapso de un edificio en Sanliurfa que dejó 34 muertos, tras acreditarse pericialmente defectos estructurales graves en las columnas; un año más tarde, otro tribunal condenó a más de 18 años de prisión a dos personas por el derrumbe de una torre en Kahramanmaraş, con más de cien víctimas. Son condenas ya en firme, hacen parte de la respuesta institucional que un país da después de una tragedia de esa magnitud, pero lo verdaderamente útil de ese episodio no está en el desenlace judicial, sino en lo que el propio país construyó después; una revisión más rigurosa de cómo se certifica, se asegura y se supervisa una edificación antes de que exista un sismo que la ponga a prueba. Es esa reconstrucción institucional, más que la sentencia, la que ofrece una lección aprovechable.
El sismo del pasado 10 de agosto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4, menor que la turca, y por fortuna dejó un saldo distinto, pero deja la misma pregunta sobre la mesa; ¿cuánto de la seguridad de una edificación depende de decisiones que toma el sector privado voluntariamente y por criterio propio antes de que una norma se lo imponga?. Turquía ofrece una primera respuesta, Chile y México, cada uno desde su propia experiencia, aportan otras dos.
Chile es, quizás a mi criterio, el ejemplo más alentador de los tres, su normativa sísmica, hoy una de las más exigentes de la región, no nació únicamente de una decisión estatal aislada; esta se construyó con la participación activa del Colegio de Ingenieros y de la propia industria de la construcción, que en varios momentos adoptaron voluntariamente estándares más altos que el mínimo legal exigido, antes de que la norma los obligara. Los especialistas chilenos han documentado que, en el terremoto de 2010, uno de los más fuertes registrados en el mundo, de magnitud 8,8, la gran mayoría de las edificaciones grandes resistieron sin colapso estructural. No es un dato que yo pueda explicar desde la ingeniería, pero sí puedo leerlo desde el derecho, ahí hay una industria que decidió exigirse a sí misma más de lo que la ley le pedía, y esa decisión, sostenida en el tiempo, terminó salvando vidas.
México aporta una tercera lección, igual de valiosa, una norma nueva no sirve de mucho si no viene acompañada de una estrategia para intervenir lo que ya estaba construido. Después de 1985 y de nuevo tras 2017, Ciudad de México no solo actualizó su reglamento, sino que creó una institución permanente encargada de mantenerlo vigente en el tiempo, en lugar de esperar al próximo sismo para revisarlo, y en esa tarea buena parte del avance ha dependido de decisiones privadas, propietarios y administradores de copropiedades que optan por intervenir edificaciones existentes, incluso cuando la ley todavía no se los exige. Es un modelo de responsabilidad compartida entre la norma y la iniciativa privada, no de uno sustituyendo al otro.
Colombia tiene, con estos tres referentes a la vista, una oportunidad clara de anticiparse en lugar de reaccionar. El dato con el que hoy cuenta el país no es alarmante por lo que revela sobre el pasado, sino por lo que sugiere sobre el margen de mejora hacia el futuro, según cifras de Fasecolda, apenas el 9,3% de los hogares colombianos cuenta con seguro de vivienda, pese a que, según estimaciones del Servicio Geológico Colombiano, el 83% de la población vive en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia. En propiedad horizontal, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 301 de 2020 ya advertía que la cobertura no superaba el 20% o 30% de los edificios, un dato que la coyuntura actual vuelve a poner de presente. Esa brecha no es un vacío legal, la posibilidad de asegurarse ya existe y está disponible en el mercado; es, más bien un espacio abierto para que administradores, propietarios y aseguradoras construyan, por convicción propia, una cultura de gestión del riesgo que hoy todavía no se ha consolidado.
Ahí está, a mi criterio, lo más valioso que nos deja la experiencia de estos tres países, no una advertencia sobre lo que puede salir mal, sino evidencia de que la resiliencia sísmica sí se puede construir desde el sector privado, con decisiones tomadas mucho antes de que la tierra tiemble. El ingeniero que certifica una estructura, el arquitecto que firma un diseño, la aseguradora que planifica un producto accesible, el administrador de copropiedad que incluye una póliza en el presupuesto anual, ninguno de ellos necesita esperar una ley que se lo ordene para actuar con el rigor que la situación exige. La responsabilidad profesional, a diferencia de la responsabilidad estatal, no necesita un litigio para activarse; puede ejercerse todos los días, antes de que exista un daño que reclamar.
Quizás la pregunta que este sismo debería dejarnos no es qué tan preparado está el Estado colombiano para el próximo, esa es una conversación necesaria, pero distinta, sino qué tan dispuestos estamos, como sector privado y como ciudadanos que contratamos servicios profesionales, a construir esa preparación por cuenta propia. Turquía, Chile y México ya empezaron a responder esa pregunta, cada uno a su manera. Colombia, con una brecha de aseguramiento que hoy roza el 90%, tiene ante sí la oportunidad de escribir su propia respuesta antes de que se la impongan las circunstancias, antes de que llegue el próximo terremoto.
