Representantes del gremio de taxistas en Córdoba solicitaron a las autoridades departamentales y municipales reforzar los controles contra el transporte ilegal y el uso de vehículos particulares que, según denunciaron, operan como servicio público a través de plataformas digitales.
La petición se produjo durante la presentación de la Ordenanza 00061, iniciativa impulsada por la Gobernación de Córdoba para modernizar el parque automotor de taxis mediante incentivos económicos destinados a conductores propietarios.
Heraldo Narváez, fiscal del sindicato Mesa Nacional subdirectiva Montería, aseguró que la informalidad afecta directamente los ingresos de los conductores y dificulta el sostenimiento económico de cientos de familias vinculadas al sector transporte.
“Cuando te hablo de garantía, es que la ilegalidad no nos deja recoger dinero suficiente para nosotros acceder a todos estos compromisos”, expresó el dirigente durante su intervención ante medios de comunicación y diputados.
Narváez pidió articulación entre la Secretaría de Tránsito Departamental, la Secretaría de Tránsito de Montería y las autoridades municipales para enfrentar la operación de vehículos particulares que prestan servicio sin autorización.
El representante sindical también señaló que el gremio trabaja en programas de capacitación para mejorar la atención a usuarios y fortalecer la imagen del servicio público individual en la capital cordobesa. Según explicó, los conductores participan en jornadas de formación enfocadas en trato al pasajero, presentación personal y condiciones de aseo de los vehículos.
La preocupación por el transporte informal también fue expuesta por Hermi Berrio, representante de taxistas del aeropuerto Los Garzones, quien afirmó que en esa terminal operan automóviles particulares realizando recorridos de servicio público.
“El control es prácticamente nulo”, manifestó Berrio al referirse a la presencia de plataformas y vehículos informales en el aeropuerto de Montería.
El gremio espera que las autoridades adopten medidas de vigilancia mientras avanza el trámite de la ordenanza que busca renovar cerca de 50 taxis en el departamento mediante un esquema de cofinanciación liderado por la Gobernación de Córdoba.
