El senador Enrique Gómez Martínez anunció que la bancada de Salvación Nacional en Senado y Cámara radicó una denuncia penal ante la Comisión de Acusación contra el expresidente Gustavo Petro por el llamado Pacto de Valledupar, al que calificó como un concierto criminal en tentativa para desprestigiar a sus contradictores.
La acción también cobija al exministro del Interior Armando Benedetti, a quien Gómez señaló como “parte esencial” de esa presunta empresa criminal. Según el congresista, por orden directa de Petro se hizo mal uso de recursos públicos y se abusó de espacios institucionales.
El caso tiene origen en la reunión que el Gobierno anterior sostuvo en octubre de 2025 en la capital del Cesar con excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. A la cita llegaron, entre otros, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Oficialmente, el encuentro se presentó como la Mesa de Diálogo Social Paz Total, un espacio para cerrar el proceso de Santa Fe de Ralito. De allí salió una declaración conjunta, fechada el 24 de octubre, con compromisos sobre planes de trabajo, entrega de información del conflicto y acompañamiento internacional.
La versión que destapó el escándalo es la de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y secretaria técnica de esa mesa. Ante el equipo de empalme del Gobierno de Abelardo de la Espriella, aseguró que recibió la orden de lograr que los exjefes hablaran de tres personas: De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Rodríguez relató que, al plantearles ese objetivo, varios exparamilitares se levantaron molestos y advirtieron que el Gobierno no los iba a utilizar. Según su testimonio, cuando reportó en Bogotá que el plan no prosperó, le reprocharon el resultado y le ordenaron regresar de inmediato.
Semanas antes de esa reunión, el 1 de octubre de 2025, Benedetti había dicho en rueda de prensa que los 16 gestores de paz designados por Petro contarían una verdad que asombraría a la clase política, y agregó que varios de esos actores eran candidatos.
El escándalo tomó más fuerza tras declaraciones de Mancuso, quien afirmó que delegados de Petro les pidieron acusar falsamente a los tres dirigentes. Documentos conocidos en los últimos días apuntan a presuntos ofrecimientos como la excarcelación de gestores de paz y la revisión de extradiciones.
Gómez describió lo ocurrido como otra muestra de la combinación de las formas de lucha del Pacto Histórico, basada en calumnias que luego se buscaba respaldar con falsos testimonios, pruebas fabricadas y campañas en redes. “Perseguiremos a Gustavo Petro”, advirtió.
La denuncia de Salvación Nacional se suma a otra radicada ante la misma comisión por los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo. En paralelo, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Benedetti y Rodríguez, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía indagar si hubo presiones o uso indebido de recursos públicos.
La versión no es unánime. Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Mancuso, sostuvo que los exjefes se negaron a declarar contra los políticos y que, por tanto, nunca existió un pacto. Petro, por su parte, ha dicho que no aceptará que se le atribuyan hechos tan graves.
