El sismo registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro cercano a San José del Palmar, en Chocó, reabrió el debate sobre la fragilidad financiera del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La representante a la Cámara por Córdoba, Martha Ruiz Solera, exige una reforma que asegure ingresos permanentes para atender emergencias y prevenir tragedias futuras.
La legisladora trabaja en un proyecto de ley que radicará próximamente, orientado a resolver lo que considera una debilidad estructural del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, creado mediante la Ley 1523 de 2012. Según explicó, ese mecanismo carece de fuentes específicas de financiación y queda sujeto a las decisiones presupuestales de cada administración.
“La discusión de fondo es que es un fondo sin fondos: pues no tiene fuentes específicas de financiación y lo deja a voluntad de los gobiernos de turno”, declaró Ruiz Solera.
La parlamentaria insiste en que la respuesta estatal no debe limitarse a la asistencia posterior a un desastre. Plantea destinar recursos anticipados para estudios de vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana, fortalecimiento de organismos de socorro y obras de mitigación en zonas de mayor exposición sísmica.
Ha solicitado información oficial a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, así como a los Ministerios de Vivienda y Hacienda, con el fin de sustentar su iniciativa con cifras verificadas.
La congresista extendió su solidaridad a las familias afectadas en Cali, Pereira, Chocó, Armenia y Manizales, mientras alcaldías como la de Bogotá habilitan puntos de acopio y equipos de socorro se movilizan hacia el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Ruiz Solera recordó además la emergencia invernal que golpeó a Córdoba en febrero pasado, cuando más de 95 mil familias resultaron damnificadas. Señaló que la Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de 7,59 billones de pesos recaudados para atender esa crisis, recursos que, según el ente de control, permanecían en fase de estructuración de convenios pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria.
“No podemos seguir esperando a que ocurra un desastre para actuar”, concluyó la representante cordobesa.
