El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca que el diálogo en las protestas deje de ser un requisito previo para actuar contra quienes cometan hechos violentos. Así lo plantea un proyecto de decreto del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, que modifica el protocolo vigente desde 2021 sobre uso de la fuerza y protección de la protesta pacífica.
Según el texto, que se encuentra en socialización, la prioridad del diálogo se mantiene frente a la manifestación en su conjunto, pero no impide intervenir de manera simultánea e individual contra quienes agredan, porten armas, retengan personas o destruyan bienes.
Si esos hechos ocurren desde el inicio de la concentración, la Policía podrá omitir las primeras tres etapas de atención, siempre que el Puesto de Mando Unificado (PMU) deje constancia motivada y avise al Ministerio Público.
El documento fija ocho causales para dar por agotado el diálogo, entre ellas impedir el paso de ambulancias, afectar servicios de urgencias, provocar desabastecimiento de alimentos, agua o combustible, y agredir a servidores públicos, personal médico o periodistas.
También establece cinco niveles de actuación, que van desde la gestión preventiva hasta la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).
Frente a los bloqueos, el proyecto aclara que cerrar una vía no le quita por sí solo el carácter pacífico a una protesta y que su disolución será excepcional.
Para graduar la respuesta, el PMU evaluará factores como la existencia de rutas alternas, la duración del cierre, el paso de vehículos de emergencia y el impacto sobre los ingresos de comerciantes y hogares de la zona.
Otras medidas incluyen un acompañamiento policial a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes, corredores obligatorios para ambulancias, bomberos y abastecimiento, y la publicación, dentro de las 72 horas siguientes, de un balance de lesionados, daños y denuncias cuando se registren afectaciones.
El borrador conserva la presunción de que toda protesta es pacífica, la prohibición de armas de fuego para los uniformados, la no intervención de las Fuerzas Militares y la regla de que no se necesita aviso previo para manifestarse. Además, prohíbe usar la información recogida para labores de inteligencia contra quienes participen.
