Redes de “extorsionadores” intentan cobrar dinero a cambio de agilizar la aprobación de obras de agua potable y vivienda en las regiones, denunció el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, quien aseguró que la cartera trabaja para acabar con esa práctica.
El funcionario hizo la denuncia tras reunirse con la bancada del Partido Liberal, cuyos congresistas le expusieron las dificultades que enfrentan sus territorios para sacar adelante iniciativas de agua y vivienda.
De acuerdo con las cuentas del ministro, 1.142 iniciativas permanecen frenadas porque todavía no pasan por el análisis técnico o no obtienen el aval que exige el trámite.
Buena parte de esas obras ya dispone de dinero en los departamentos, proveniente de los Planes Departamentales de Agua, del Sistema General de Participaciones y de las regalías. El obstáculo, explicó, radica en la ausencia de un mecanismo ágil de aprobación y en la presencia de intermediarios ilegales.
El jefe de la cartera describió a personas que pretenden imponer una especie de tarifa obligatoria para permitir el acceso a las viabilizaciones. Frente a esa situación, Beltrán afirmó: “eso lo estamos erradicando”.
Como primer acuerdo con los parlamentarios, el ministro anunció la reactivación de las mesas técnicas que hoy permanecen bloqueadas, con el propósito de liberar los proyectos represados.
Los congresistas también plantearon la demora en la reconstrucción por el frente frío, que completa un año sin solución, y la lentitud en algunos sectores golpeados por el terremoto de hace 53 días.
Para responder a esas necesidades, Beltrán anunció tres convenios: uno para retomar la atención del frente frío, otro articulado con el Fondo Milagro para las dos fases pendientes de reconstrucción y un tercero para preparar a las regiones ante la llegada de El Niño.
