La Procuraduría General de la Nación reforzó sus actuaciones de vigilancia preventiva sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de asegurar que las ayudas lleguen a tiempo a los 97.515 colombianos damnificados por el sismo del 10 de agosto.
El organismo de control busca que las autoridades nacionales y regionales trabajen de manera articulada durante la fase crítica de la emergencia, que compromete a más de 40 mil familias. La Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial encabeza ese acompañamiento junto con las regionales y provinciales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Los funcionarios del Ministerio Público permanecen de forma continua en los Puestos de Mando Unificado (PMU) nacional y territoriales. Allí revisan cómo avanzan las labores de rescate, la distribución de auxilios, la habilitación de albergues y la atención a los hogares con heridos, fallecidos o personas todavía sin localizar.
“Nos hemos enfocado en alertar las necesidades de atención identificadas por la ciudadanía, con el fin de coadyuvar en este propósito superior que es apoyar a las víctimas en estos primeros días, que son neurálgicos para la crisis”, afirmó Francisco Canossa Guerrero, procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial.
Otras emergencias bajo seguimiento
La entidad pidió al Gobierno Nacional y a las administraciones locales no descuidar las demás contingencias que enfrenta el país. Los incendios forestales activos en varias regiones siguen bajo observación del ente de control.
La Procuraduría también monitorea la alerta naranja decretada por el incremento de la actividad del volcán Puracé, un escenario que exige preparación anticipada de los planes de respuesta en los municipios cercanos al macizo colombiano.
El seguimiento preventivo continuará mientras se mantengan las condiciones de riesgo en los departamentos golpeados por el movimiento telúrico.
