El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció este martes que el Ministerio Público estudia recurrir la decisión de un juzgado de Barranquilla que permitió a Emilio Tapia Aldana recuperar su libertad por segunda ocasión durante este año.
El contratista cordobés, sentenciado en diciembre de 2024 a seis años y cuatro meses de prisión por el desfalco al MinTIC conocido como Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque tras un fallo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas que le otorgó un periodo de prueba de 27 meses.
“Hay un manifiesto evidente de un juez de la República, un juez de penas, lo vamos a examinar y eventualmente, si hay mérito, lo recurrimos como debe ser”, afirmó Eljach durante una rueda de prensa.
El jefe del órgano de control recordó que fue precisamente la Procuraduría quien logró en meses anteriores revocar una libertad condicional otorgada al mismo procesado. “Fuimos quienes obtuvimos la decisión de la revocatoria de la libertad condicional por el presunto cumplimiento de la condena”, precisó.
La funcionaria que tomó la decisión, Claribel Fernández Castellón, ya enfrenta un proceso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desde septiembre pasado. El organismo indaga tanto las circunstancias en que concedió el primer beneficio a Tapia el 11 de abril, como una presunta demora en resolver la apelación presentada por la Fiscalía.
En octubre, un juzgado de Bogotá había revocado aquella primera libertad y ordenado la recaptura del empresario vinculado también al carrusel de la contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Sin embargo, tras resolverse varias nulidades en el Tribunal Superior de Barranquilla, la defensa de Tapia presentó una nueva solicitud que prosperó ante la misma jueza.
El condenado aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad como autor del montaje fraudulento con el que la Unión Temporal Centros Poblados obtuvo un anticipo de 70.000 millones de pesos del Estado usando garantías bancarias falsas.
