El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves sobre la orden de prisión contra su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a quien describió como un académico que habría caído en las redes de una estructura corrupta que ya operaba dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad. Sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso, ojo, la extorsión”, expresó el mandatario.
Petro deslizó además una frase que apunta a exculpar a su excolaborador: “La extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista”.
Sin embargo, el jefe de Estado se abstuvo de emitir juicios sobre la culpabilidad de Bonilla ni de Luis Fernando Velasco, también enviado a prisión. “No puedo decir que sean o no sean corruptos, no es mi labor. No me meto en eso, porque ese tema de la investigación es de jueces y fiscales”.
Olmedo López: el testigo que hundió a los ministros
El presidente señaló directamente a Olmedo López como el eje del entramado. “El tema se llama Olmedo en ese caso”, sentenció.
López, economista de 57 años oriundo de Itagüí, Antioquia, fue un viejo aliado del petrismo. Militó durante años en el Polo Democrático Alternativo, donde fue director departamental en Antioquia y gerente de las campañas presidenciales de Clara López y del propio Petro en ese departamento.
Llegó a la dirección de la Ungrd en abril de 2023, pero renunció en febrero de 2024 cuando estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira.
El caso se destapó por la malversación de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en zonas desérticas del departamento caribeño.
Los vehículos adquiridos no cumplían especificaciones técnicas y el dinero terminó en bolsillos de políticos, funcionarios y contratistas.
López firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. A cambio de una condena de 85 meses de prisión —siete años y un mes— y la devolución de 724 millones de pesos, se convirtió en testigo clave contra más de 20 personas, incluidos congresistas y los ahora encarcelados exministros.
