Un joven desplazado por la violencia que cursaba ingeniería civil y una estudiante indígena de psicología que vivía con sus abuelos en condiciones precarias tienen algo en común: ambos perdieron, de un momento a otro, el dinero que les permitía comer, movilizarse y comprar materiales para seguir estudiando.
Sus casos terminaron por destapar una práctica que golpeó a miles de beneficiarios del crédito educativo del Icetex.
La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, determinó que la entidad no puede suspender el subsidio de sostenimiento a quienes necesitan un semestre extra para graduarse, pues ese periodo adicional sigue haciendo parte del mismo crédito. El fallo alcanzaría a cerca de 391.000 jóvenes que hoy tienen créditos vigentes con el Icetex.
Los dos estudiantes que llevaron sus casos ante el alto tribunal seguían recibiendo el pago de matrícula, pero el Icetex les retiró el apoyo económico basándose en lecturas restrictivas de la normativa.
Para los magistrados, una vez la entidad reconoce ese beneficio, no puede quitarlo de forma repentina.
Al examinar los expedientes uno por uno, la sala constitucional encontró que esta manera de proceder se repitió desde finales de 2024 y no correspondía a una regla ya establecida, sino a una interpretación que surgió sin previo aviso y terminó afectando a numerosos beneficiarios.
El magistrado Fernández fue directo al explicar el fondo del reclamo: “Ellos no pidieron un beneficio nuevo. Lo único que esperaban era que el Estado cumpliera el compromiso con el cual habían decidido continuar”.
La Corte también dejó claro que las dificultades de presupuesto o de planeación interna del Icetex no pueden convertirse en un obstáculo para que los jóvenes terminen sus carreras: “Esas fallas son responsabilidad de la entidad”, sostuvo el tribunal, que rechazó trasladar a los estudiantes el costo de errores administrativos ajenos a ellos.
