El Gobierno Nacional presentó una impugnación contra el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que estableció cinco condicionamientos para los bombardeos militares en zonas donde exista presencia de menores de edad.
Los ministerios de Defensa, Justicia e Interior radicaron el recurso ante la primera instancia, con el objetivo de que la decisión sea revocada por un tribunal superior.
La semana anterior, el despacho judicial autorizó la continuidad de los operativos aéreos, pero exigió un estándar reforzado de precaución. Entre los requisitos figuran fortalecer la verificación de la inteligencia militar, incorporar esos datos al análisis jurídico y operacional, y sopesar los riesgos para la vida de niños y adolescentes antes de cada ataque.
El fallo también ordena explorar alternativas que reduzcan el impacto sobre la población infantil y aplicar con rigor los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario. La providencia no prohíbe los bombardeos ni exige autorización judicial previa para cada uno.
Las entidades demandadas argumentan que ya cumplen los protocolos de protección a menores mediante sistemas tecnológicos y fuentes humanas que permiten identificar quiénes ocupan los campamentos objetivo. Citan además el Estatuto de Roma y la participación de oficiales de derechos humanos en los procesos de planeación operacional.
El expediente pasará ahora a la sala competente del Tribunal Superior de Bogotá, que revisará la decisión de primera instancia. Un nuevo pronunciamiento podría tardar entre uno y dos meses, y posteriormente el caso quedaría en manos de la Corte Constitucional para una eventual revisión.
Paralelamente, el Ejecutivo alista un decreto que devolvería al Consejo de Estado la competencia para fallar tutelas contra el Presidente de la República, entre ellas la relacionada con los bombardeos y otra sobre la reanudación de la aspersión aérea con glufosinato de amonio.
