El presidente Gustavo Petro recrudeció este domingo su disputa con la Registraduría Nacional del Estado Civil por el software de escrutinio electoral, al sostener que la exposición pública del código fuente no resulta útil para garantizar la transparencia del proceso y que el mecanismo adecuado consiste en someter dicho código a una auditoría técnica realizada por los participantes en los comicios y por la ciudadanía, a través de profesionales expertos.
La controversia se desató luego de que la cuenta oficial de la Registraduría publicara un mensaje en el que afirmaba: “No caigas en falsa información. El Código Fuente SÍ va a ser expuesto para auditoría”. Frente a esa declaración, Petro respondió con firmeza: “El código fuente de un software electoral no es para exponer. Eso no sirve.
El código fuente de un software de escrutinio electoral es para auditarlo técnicamente por todos y todas quienes participan y por la misma ciudadanía, a través de profesionales expertos, y así se garantiza la transparencia electoral”.
El mandatario fue más allá del debate técnico y señaló que el problema tiene raíces legales: dos leyes aprobadas por el Congreso que ordenaban una auditoría del software electoral y exigían un software de propiedad del Estado fueron derribadas en el poder judicial. Agregó además que una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado emitida hace ocho años ordena contar con un software de propiedad del Estado, fallo que según dijo no se ha cumplido.
Ante lo que consideró una auditoría técnica imposible, Petro convocó a las campañas y partidos políticos a organizar millones de testigos electorales para cubrir cada mesa y puesto de votación, y advirtió que el preconteo difundido por los medios no es vinculante ni refleja la realidad completa.
La respuesta del registrador nacional, Hernán Penagos, fue directa: reiteró que la entidad ha puesto a disposición en salas de auditoría el 100 por ciento del código fuente durante dos semanas, tiempo que consideró suficiente, y que entregar el código representaría un riesgo alto para el proceso electoral, pues facilitaría a hackers identificar vulnerabilidades o suplantar el sistema oficial.
Penagos también señaló que su obligación es garantizar elecciones transparentes, íntegras y fiables, y que el Gobierno debería concentrarse en garantizar el orden público en zonas donde los ciudadanos no pueden votar libremente.
Por su parte, el jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, José Antonio De Gabriel, advirtió que el software de cualquier proceso electoral no se entrega a nadie porque se fragilizaría y abriría la posibilidad a manipulaciones, y destacó que lo importante es que los resultados publicados se correspondan con lo que se votó.
El debate lleva meses en el centro de la disputa entre el Gobierno y la Registraduría. En febrero, Petro exigió la entrega pública del código fuente del software de Thomas Greg & Sons; en marzo, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de las TIC, Carina Murcia, formalizaron esa solicitud ante la entidad. La semana pasada, el Pacto Histórico denunció falta de garantías en el proceso de auditoría de cara al 31 de mayo.
