El presidente Gustavo Petro acató este jueves la orden judicial que le exigía retractarse por haber llamado “narcofiscal” a Mario Andrés Burgos Patiño, funcionario de la Fiscalía General, pero aprovechó su pronunciamiento para denunciar lo que calificó como una “censura institucional”.
La retractación fue ordenada por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras determinar que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos al buen nombre, honra y dignidad del fiscal.
“Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra”, manifestó Petro en cumplimiento del fallo.
El mandatario precisó que Burgos “goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política” y señaló que sus comentarios fueron “juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político”.
Sin embargo, el presidente denunció una contradicción entre esta orden judicial y un fallo del Consejo de Estado del 16 de septiembre que le prohíbe dirigirse a la nación salvo en urgencias. “Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar”, advirtió.
Petro cuestionó si resulta “constitucionalmente proporcional limitar la voz del Presidente cuando el tema en debate es la transparencia de la justicia”. Argumentó que el artículo 188 de la Constitución lo establece como símbolo de unidad nacional.
“El Presidente no puede ser reducido al silencio cuando una nación en búsqueda de la paz, de la seguridad, de la verdad y de la igualdad exige comunicación fluida”, enfatizó el mandatario, defendiendo que su palabra presidencial “no puede subordinarse al miedo ni al silencio”.
